Un juego peligroso
Editorial UCA
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La propaganda comercial juega con las palabras para vender y generar lucro. Ante ello, buena parte de los consumidores busca conocer la realidad más allá de lo que se afirma en los anuncios. Sin embargo, cuando el juego de palabras lo realiza el Estado, el asunto se vuelve peligroso. En El Salvador, ya por tradición, los Gobiernos y políticos falsean el significado de palabras tan fundamentales para la vida como “futuro”, “bienestar”, “justicia” y “educación”. En este sentido, las crisis y el lento desarrollo están asegurados si los ciudadanos se casan con la propaganda gubernamental, confían en promesas sin base, ponen sus esperanzas en el discurso político o creen que las leyes arreglan automáticamente los problemas.
Hoy en día, el juego de palabras gubernamental está centrado en el bitcóin; la propaganda estatal se ha volcado a favor de su legalización y uso. Frente a las dudas y críticas de los economistas, incluidos premios Nobel, el presidente asegura que el país crecerá rápidamente a golpe de bitcóin. Ese entusiasmo choca de frente con la ley aprobada, llena de vacíos, carente de contenido. El complejo uso de una moneda digital lo trata la Asamblea Legislativa con una ley de apenas dos páginas y media; los reglamentos, indispensables para el manejo de la criptomoneda, se dejan para después. La ley es genérica y no previene los problemas ni los delitos que puede generar el uso legalizado del bitcóin; fue aprobada sin debate ni discusión, y por una mayoría de diputados que no tienen ni idea de los riesgos que la decisión supone para el Estado y la ciudadanía. Por supuesto, los reglamentos de la ley serán redactados por la Presidencia de la República sin contar con la opinión pública y el criterio de economistas independientes.
El fiscal general, cuya tarea es tanto perseguir el crimen como defender al Estado, debería interesarse por todos los delitos que podrían derivarse del uso de esta moneda. Sería muy perjudicial que El Salvador se convirtiera en un paraíso de lavado de dinero, de fuga de capitales o de evasión de impuestos. La ley de dos páginas y media no dice una sola palabra al respecto. Por el contrario, deja demasiado apertura a que se den abusos. Además, el reglamento no podrá imponer cláusulas penales a las actividades que terminen dañando a otros salvadoreños o al mismo Estado.
El opaco proceder gubernamental, los juegos de palabras propagandísticos, el aplauso automático de la mayoría parlamentaria y el silencio fiscal y judicial han convertido la palabrería vacía en ley de la República. Ante esto, será responsabilidad de la ciudadanía tomar precauciones. Es absurdo suponer que el experimento será exitoso a nivel nacional solo por el hecho de que el bitcóin ya se usa, aunque de forma voluntaria y no regulada, en una pequeña zona de la costa salvadoreña. Averiguar quién es el dueño del cajero que en la playa El Zonte cambia bitcóins a dólares puede ayudar a conocer los intereses de fondo que se manejan en esta decisión, más orientada al lucro de unos pocos que al bienestar y la seguridad económica de toda la población.