Demandan al presidente de la República por irregularidades en nombramientos de comisionados del IAIP
Fachada del Instituto de Acceso a la Información Pública | Foto IAIP
Demandan al presidente de la República por irregularidades en los nombramientos de comisionados en el Instituto de Acceso a la Información Pública.
El presidente de la República, Nayib Bukele, fue demandado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo por el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), debido a la elección del comisionado del Instituto de Acceso a la Información, Luis Javier Suárez Magaña, y su suplente, Gerardo José Guerrero Larín, por supuesta elección ilegal al cargo. Como medida cautelar se pide que sean cesados de las funciones que desempeñan.
Suárez y Guerrero fueron juramentados en septiembre de 2020 por el presidente Bukele en una elección donde, según el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), estuvo cargada de irregularidades, por lo cual los nombramientos no tendrían validez.
ALAC señala en la demanda que para la elección de esos comisionados, se debía presentar una terna de tres candidatos del gremio de periodistas, pero solo se presentaron dos y de ahí se decidió. En el proceso participaron la Asociación de Periodistas Independientes (ASPIES) y la Cámara de Fotoperiodistas, Camarógrafos y Reporteros de El Salvador (CAFOCARES).
A pesar de esas limitantes, la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República siguió con el proceso de elección.
En reiteradas ocasiones la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció una serie de arbitrariedades en el proceso de elección del comisionado titular y suplente para el Instituto de Acceso a la Información Pública, pero sus denuncias no fueron tomadas en cuentas en el proceso, que al final terminó excluyendo a la APES.
Con anterioridad, organizaciones civiles también han señalado que el proceso mediante el cual el presidente Nayib Bukele eligió a dos comisionados por el gremio de periodistas fue ilegal, carente de transparencia y sin participación ciudadana.
Finalmente, ALAC pide a la Sala de lo Contencioso que ordene urgentemente la medida cautelar de modo que Luis Javier Suárez Magaña y Gerardo José Guerrero Larín no puedan ejercer el cargo de comisionado propietario y suplente, respectivamente, al Instituto de Acceso a la Información Pública y, consiguientemente, no puedan ejercer ninguna de las atribuciones dispuestas en el artículo 58 de la Ley de Acceso a la Información Pública.