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Interesados errores de percepción

16-09-2016 03:36:PM

El Vicepresidente se equivoca cuando señala a la Sala de lo Constitucional como obstáculo para el buen gobierno del FMLN. Según sus curiosas declaraciones, las sentencias de la Sala, que califica como “excesos”, actuarían con distractores de los grandes problemas nacionales. Pero eso podría evitarse fácilmente si el poder ejecutivo y el legislativo atendieran a las disposiciones constitucionales. La derogación de la amnistía, la inhabilitación de los diputados suplentes y la orden de informar sobre los gastos en publicidad y los viajes presidenciales se habrían podido evitar si el Gobierno hubiera actuado diligentemente. El problema de los funcionarios es que piensan que una vez en el cargo pueden actuar como les venga en gana, cuando en realidad no pueden ir más allá de lo establecido por la ley. Contrario a sus expectativas, su poder es limitado, y a veces, bastante limitado.

El Gobierno tampoco se ha esmerado mucho en resolver los problemas que perturban al Vicepresidente. Ha dejado pasar casi la mitad del mandato sin enfrentar el déficit fiscal, lo cual pasa por una negociación difícil con la oposición. La reducción de homicidios, el control de la delincuencia y la seguridad ciudadana todavía son tareas pendientes. El discurso amable del Vicepresidente no ha convencido al capital de las bondades que tiene invertir en el país. Por el otro lado, si hubiera informado sobre los gastos en publicidad y los viajes presidenciales, y si no hubiera intentado burlar la falta de mayoría legislativa con una burda artimaña para aumentar la deuda pública, la atención pública no se hubiera ocupado de esos temas y los diputados suplentes continuarían en sus puestos. La abrogación de la amnistía es un tema diferente, pero, de todas maneras, ¿qué es lo que el FMLN tanto teme si, tal como asegura, la institucionalidad es tan sólida que no necesita de una comisión especial como la de Guatemala? Los altos funcionarios gubernamentales no se caracterizan por la consistencia. Piensan poco, saben poco y reaccionan a la coyuntura; algo no recomendable.

La resistencia a someterse a una evaluación independiente, a dar cuentas de la gestión de los bienes públicos y a ser cuestionado es proverbial en la cultura política salvadoreña. El funcionario público y buena parte de la sociedad todavía no han podido deshacerse del autoritarismo vertical propio de la dictadura militar. Por esa razón es tan difícil tener acceso a la información sobre los asuntos públicos, cuya disponibilidad haría innecesarias las demandas y los procesos, se ahorrarían energías y recursos, y la atmosfera social sería más respirable. La cultura autoritaria dificulta la investigación fiscal y el proceso judicial, que tienden a interpretarse como persecución política. Todos los partidos sin excepción practican ese vicio, que con frecuencia los hace caer en la contradicción. ¿Cómo es posible que el proceso judicial contra el último presidente sea persecución política y la denuncia por evasión de impuestos contra un magistrado no lo sea? Es contradictorio que el FMLN apruebe el asilo político de ese expresidente al mismo tiempo que declara perseguir la corrupción. El político alega persecución cuando es investigado e imputado, y justicia cuando el investigado y el imputado es el adversario. No pocas acciones fiscales y judiciales tienen mucho de ajuste político de cuentas.

Pero la investigación, sea o no revancha política, por lo general saca a la luz una podredumbre de dimensiones cada vez más amplias. Las últimas investigaciones fiscales muestran que ahí donde se mire, se encuentra una red de funcionarios y de ciudadanos corruptos. Una de esas investigaciones apunta a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cuya carrera comenzó con la alteración de las confesiones extrajudiciales de los autores materiales de los asesinatos en la UCA. Ninguno de los órganos del Estado está libre de corrupción. Quizás al comienzo no sea fácil liberar a la investigación del ajuste de cuentas, pero con un poco de perseverancia y de tiempo, la institucionalidad puede salir fortalecida.

Conviene, pues, distinguir entre la motivación inicial de la investigación y sus resultados. La motivación, no siempre limpia, no invalida aquello que objetivamente logra descubrir. Los políticos y la prensa se centran en aquella, pero pasan por alto los hallazgos como si la motivación invalidara los desmanes cometidos y debidamente comprobados. Lo realmente importante no es la motivación por la cual se investiga, sino lo que la investigación saca a la luz. Sin reducir la corrupción drásticamente, el Gobierno no puede emplearse eficazmente a resolver los grandes problemas nacionales.


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