La ciudadanía queda totalmente desprotegida luego del golpe de Estado
Más de 30 organizaciones de la sociedad civil condenaron el golpe de Estado, avalado por el presidente de la República y ejecutado por diputados de los partidos Nuevas Ideas, GANA, PCN y PDC, que mediante la cooptación de la justicia pretenden consumar un ya incuestionable proyecto político autoritario en el que todos los poderes respondan a una sola persona.
El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, el padre Andreu Oliva, dijo que la ciudadanía ha quedado totalmente desprotegida, ya que las personas elegidas por los diputados harán el trabajo según como el Ejecutivo desea y no para proteger los derechos de las personas.
Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el revestimiento jurídico de las destituciones es una burda simulación que no resiste el más mínimo análisis de coherencia, rompe el orden constitucional y atenta contra el derecho de todos los salvadoreños a una justicia independiente. Por ello, llamaron a la Sala de lo Constitucional a también declarar la inconstitucionalidad de la destitución del Fiscal General de la República para restablecer el orden constitucional.
Las organizaciones desconocieron el mandato de las personas que han usurpado, incluso por la fuerza, las funciones de Órganos Constitucionalmente elegidos, así lo dijo el presidente ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ, José Marinero.
Las organizaciones recordaron a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil que su lealtad es con los derechos de toda la ciudadanía, la democracia y la Constitución.
Zaira Navas, Abogada Senior de Estado de Derecho, seguridad y derechos humanos de Cristosal dijo que el allanamiento a la Corte y a la Fiscalía denota una violación al Estado de Derecho y conlleva una responsabilidad penal.
Los representantes de la sociedad civil hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y toda la comunidad internacional a expresar su categórico rechazo a la toma arbitraria de las instituciones por parte del presidente Bukele y los diputados que ejecutaron estas decisiones.
Pidieron a la comunidad internacional desconocer a las personas que usurpan los cargos de los funcionarios legítimamente elegidos y a activar todos los medios jurídicos y diplomáticos de condena y sanción contra un gobierno que ha abandonado toda convicción democrática, incluyendo la Carta Democrática Interamericana.
Además, invitaron a la ciudadanía a defender activamente sus derechos, a una vida en democracia y a una justicia independiente y demandar con firmeza el inmediato restablecimiento del orden constitucional.