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 A solicitud de las fuentes, en este reportaje se han cambiado los nombres para proteger su identidad

El río Zazalapa divide El Salvador de Honduras. Unas varas de bambú son el cerco que indica que el paso está cerrado. Al otro lado del río están los cantones y caseríos donde viven los salvadoreños que desde 1992, por el fallo de la Corte Internacional de Justicia quedaron en territorio hondureño. Pese a que tienen Documento Único de Identidad, desde marzo de 2020 se les ha restringido el ingreso a su país, negándoles el derecho a los servicios de salud, trabajo y alimentación, entre otros.

Son aproximadamente las 9 de la mañana del 12 de febrero de 2021, don Antonio, apoyado en su bastón, ha cruzado el río. Ha llegado desde Zazalapa, un exbolsón, ahora parte de Honduras. Su misión es convencer a los soldados para que lo dejen pasar hacia Arcatao al siguiente día. Debe llevar a una familiar enferma a una cita médica. Se acerca con tono amable a tres soldados y explica con detalle el motivo de su llegada. Cinco minutos después, los militares asientan con su cabeza como signo de que han llegado a un acuerdo.

Don Antonio regresa a paso lento seguro de que al día siguiente podrá pasar sin problemas. Su caso es considerado una emergencia, por eso tendrá paso libre, no sin antes haber dado su nombre y mostrado su DUI a los soldados.

 

El proceso que hizo don Antonio para obtener la autorización de ingresar a El Salvador, siendo salvadoreño no ocurría antes de marzo de 2020.

El tedioso procedimiento está vigente desde que el presidente Nayib Bukele ordenó reforzar algunos municipios de Chalatenango con militares, incluido Arcatao.

Una de las zonas militarizadas es la del río Zazalapa, cuatro soldados viven en una casa de ladrillo que funciona como puesto de vigilancia. Se relevan cada semana, ahí deben permanecer día y noche para evitar que los salvadoreños que viven en los exbolsones pasen a su propio país. “No quisiéramos hacer eso, pero son órdenes que recibimos”, dijo uno de los soldados, el jefe del grupo. Agregó que solo en caso de emergencia médica permiten el ingreso, pero si alguien entra sin estar autorizado pueden detenerlo.

Ha escuchado que el cierre que inició en marzo de 2020 en ese punto de la frontera será permanente. Por ahora, ellos deciden quien entra y quien sale.

 

 

Según los militares, el ministro de la Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, ha llegado a monitorear la zona de Arcatao. La visita del ministro fue confirmada por un concejal de la Alcaldía de ese municipio, quien explicó que en tres ocasiones Monroy ha viajado en helicóptero hasta el municipio con un séquito de hombres. Aunque la carretera está en buenas condiciones, el ministro prefiere usar helicóptero. Aterriza en una cancha y recorre a pie algunos cantones de la cordillera hasta llegar a Nueva Trinidad. Ahí lo espera el helicóptero que lo traslada de nuevo hacia San Salvador. Sus visitas son rápidas, no pasan de 30 minutos.

El alcalde de Arcatao José Alberto Avelar se ha enterado de la llegada del ministro porque pide prestada la cancha para que aterrice el helicóptero, sin embargo, no se ha visto por el pueblo, solo visita los cantones limítrofes con Honduras.

Alcalde José Alberto Avelar:

 

 

 

El ministro de Defensa, Francis Merino Monroy asegura que la militarización en Trinidad, San Ignacio y Arcatao es una medida constitucional. Esa fue su respuesta a las críticas de diversos sectores sociales cuando se supo que los militares estaban violando los derechos ciudadanos en esas zonas limítrofes.

Los habitantes de Arcatao han sido víctimas y testigos de las vulneraciones a sus derechos. Entre los sectores afectados están los agricultores y ganaderos. Debido al cierre, los integrantes de las cooperativas no han podido reunirse dice don Julio, quien pertenece a una cooperativa de ganaderos de más de 80 asociados.  El derecho a reunirse libremente también está siendo vulnerado.

Muchos de los ganaderos están en la zona de Zazalapa y el Corosal, zona de los exbolsones, que ante la restricción del paso se las han ingeniado para pasar a El Salvador sin ser detectados y poder reunirse y continuar su trabajo en la producción de leche, alimento que comercializan en Arcatao.

Pero hay otros, los agricultores más pobres de Honduras a quienes el cierre y la militarización les ha impedido comercializar los granos básicos en Arcatao, limitando con ello sus ingresos.

 

 

 

La militarización también está afectando el derecho a la salud de los pobladores. Según el alcalde de Arcatao, antes de la pandemia cada tres meses había una brigada médica en la frontera, un esfuerzo que se fue desvaneciendo debido al cierre. La Unidad de Salud del municipio también ha disminuido la cantidad de atenciones, pues el 50% de las personas que atendía llegaban de los exbolsones.

El paso fronterizo solo se habilita para casos de emergencias o citas médicas, no así para pasar alimentos y otros productos, lo que afecta a unas 200 familias de los cantones El Paso, El Río, El Portillo, Corosal, Las Cuevas y Zazalapa, entre otros.

Los habitantes de esa zona tampoco pueden realizar pagos de los servicios básicos que reciben de Arcatao, no han podido hacer trámites en la alcaldía ni proceso de matrícula en los centros escolares.

Al otro lado del río Zazalapa, tras las varas de bambú, líneas divisorias entre El Salvador y Honduras un grupo de salvadoreños que viven en los exbolsones explicaron a YSUCA sus preocupaciones ante el cierre que continúa desde que los militares se tomaron la zona.

 

 

La economía de Arcatao también ha sido afectada debido a la militarización en la frontera. Los ingresos del municipio han bajado desde que los salvadoreños que viven en Honduras no llegan a comprar y vender al casco urbano. Con ello las dinámicas territoriales han tenido cambios, sobre todo lo que se refiere al comercio.

Según explicó el alcalde, los salvadoreños en los exbolsones acostumbraban a comprar en Arcatao alimentos, insumos médicos y materiales de construcción. Incluso los trabajos de albañilería se han visto afectados y con ello los empleos de varios habitantes que se dedican a ese oficio.

 

 

Por lo menos 150 familias tienen documentación salvadoreña en los exbolsones, pero con la zona militarizada han perdido varios de sus derechos plasmados en la Constitución.

Desde el año 1997 hay un puesto militar en el casco urbano de Arcatao. Los soldados cuidaban el punto ciego, pero a partir del año pasado se incrementaron los puestos militares, ahora los soldados tienen casetas de vigilancia en El Pepeto, Portillo, calle Los Filos, La Cañada, La Poza de la Golondrina, Zazalapa y Teosinte. En la mayoría de los puestos hay entre 3 y 5 soldados. En total hay por lo menos 40 soldados en Arcatao. 

Ante la militarización habitante de Zazalapa debe cruzar la frontera de manera clandestina para ir a Arcatao a comprar medicamentos

 

Según sus habitantes, los soldados llegaron con una especie de psicosis de San Salvador y llegaron a violar derechos humanos. A casi un año de cerrada la frontera por órdenes del presidente Nayib Bukele, las violaciones continúan perjudicando al pueblo, ese que el presidente dice defender.

La estrategia del militarismo ha quedado consolidada en Chalatengo y específicamente en Arcatao. Una estrategia que no hace sino aumentar la violencia, incluso en zonas como Arcatao considerada de las más seguras del país.