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Primera parte:

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Segunda parte:

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A solicitud de las fuentes, en este reportaje se han cambiado los nombres  para proteger su identidad  

“Lo hizo para cerrar la frontera y dejarnos a nosotros aquí como que nos tiene en la cárcel”, se lamenta don Juan, habitante de Arcatao, un municipio de Chalatenango fronterizo con Honduras.

Don Juan no ha podido ver a su hermana que gravemente enferma agoniza en la zona de los exbolsones. Los soldados se lo impidieron. “Yo pedí permiso a los militares aquí y me dicen que no pueden dar permiso (…) Dicen que es una orden que tienen del presidente”.

A casi un año que los soldados se radicaran en varios puntos fronterizos de Chalatenango y cerraran el paso a los mismos salvadoreños que viven en los exbolsones debido a la pandemia, la preocupación de don Juan crece porque no ve algún beneficio para los habitantes, solo observa violaciones a sus derechos.

Desde marzo de 2020 con la llegada de la pandemia hubo restricciones en las fronteras terrestres para evitar el contagio del covid-19. Pero además se reforzaron los pasos fronterizos por donde los salvadoreños que quedaron en los exbolsones, luego del fallo de 1992 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pasan hacia El Salvador para asistir a las unidades de salud, iglesia, escuelas y comprar y vender productos.

La orden de cerrar los pasos fronterizos no le gusta a don Juan sobre todo porque viene del presidente Bukele, quien durante su campaña presidencial llegó a Chalatenango para hacer promesas que no ha cumplido. Tampoco le gusta la medida porque le recuerda a la guerra civil que vivió en los años 80.

 

 

 

Arcatao es un municipio de Chalatenango que se encuentra a 135 kilómetros de San Salvador. Durante la guerra fue uno de los municipios más afectados, a tal punto que se convirtió en un pueblo fantasma por un tiempo. Ahí se registraron combates entre la guerrilla y el Ejército. Para salvar sus vidas, los habitantes tuvieron que desplazarse a otras zonas del país. Otros huyeron a Honduras.

Para quienes vivieron la guerra no es fácil ver soldados en la zona, el escenario les suena a represión, sobre todo a las madres a quienes los militares les asesinaron a sus hijos. Es el caso de Julia, quien a sus 69 años aun recuerda cuando los soldados mataron a 5 de sus hijos. Otros 4 le quedaron lisiados.

En 1986 llegó a Arcatao y el fantasma de la guerra todavía la persigue. La militarización que inició en 2020 en Arcatao no ha hecho sino recordarle lo que vivió hace más de 30 años.  

 

 

La pandemia, la primera excusa para militarizar  

Julia no cree que los soldados estén ahí para cuidarlos. Han detenido a jóvenes de manera injustificada, han decomisado granos básicos a los agricultores y han acosado a mujeres de la comunidad.

El discurso de que estaban ahí para cuidar el paso y proteger a la población de un contagio de covid-19 se desvaneció y los pobladores comenzaron a creer que su estadía en la frontera tenía otros fines.

Los soldados también instalaron sus puestos en zonas recreativas de la comunidad, limitando el acceso a ellos.

Para Julia, los militares no aportan nada en Arcatao, más bien han llegado a quitar la paz.

 

 

La pandemia fue la causa del cierre del paso en los puntos fronterizos.  Hasta ahí, los habitantes de Arcatao estaban de acuerdo, pues el contagio del covid-19 les preocupaba. Sin embargo, comenzaron a observar acciones que no eran precisamente para protegerlos, sino, todo lo contrario, violaba sus derechos.

En plena pandemia los militares no dejaron que las comunidades se abastecieran de insumos como mascarillas y alcohol gel que urgían para hacer frente al nuevo virus. Cuando se suponía que el objetivo era proteger a la población, los soldados restringieron el paso entre los mismos cantones de Arcatao e intentaron bloquear el ingreso de insumos médicos, poniendo en riego la salud de los lugareños.

Un feligrés de la iglesia católica estuvo a punto de ser golpeado y remitido a un centro de contención por querer llevar insumos médicos a su comunidad. Ese caso lo narró Nelson Ayala, profesor residente en Arcatao, quien considera que los miliares han sobrepasado sus funciones en la frontera.

 

 

 

El narcotráfico, la segunda excusa para militarizar

A medida pasaba el tiempo y se comenzaban a abrir los espacios públicos y el comercio se reactivaba, Arcatao seguía cerrado. Ya no era válida la justificación de la pandemia. Entonces surgió otro argumento, debía seguir vigilado por ser un paso de droga y contrabando.

En octubre de 2020 el presidente Nayib Bukele le solicitó al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que reforzara la presencia militar en los municipios de Arcatao, San Fernando, San Ignacio y Nueva Trinidad, todos municipios de Chalatenango.

La petición se debía, según el presidente, a que se buscaba vigilar y restringir el paso de droga y contrabando que hay en esos municipios fronterizos con Honduras. Bukele, además de reforzar la zona con militares, sin pruebas, acusó a los alcaldes de esos municipios de ser cómplices del narcotráfico.

Pero el discurso del presidente no convence a don Julio, un residente de Arcatao que sufrió la guerra y siguió de cerca el proceso de desmilitarización, fruto de los Acuerdos de Paz.  Es por eso que no entiende la orden de nuevamente militarizar la zona.

Asegura que no ha observado beneficios a partir de la presencia de los soldados en los pasos fronterizos. Tampoco se ha enterado de decomisos de droga. A su juicio, el presidente debería retirar las tropas de Arcatao que no han dejado buenos frutos, solo violaciones a los derechos de los pobladores.

 

 

 

 

El argumento del presidente para militarizar algunos municipios de Chalatenango, entre ellos Arcatao, discrepa de la realidad de esos municipios.

Una investigación de InSight Crime titulada “El Salvador militariza su frontera por el narcotráfico, ¿sirve de algo?” señala que las rutas regionales de la cocaína, nunca han pasado por ahí. Gran parte de las “23 toneladas de cocaína decomisadas entre 2017 y de 2020, en El Salvador, fueron incautadas en altamar o, en menor porcentaje, en rutas terrestres alejadas de la zona intervenida por el actual gobierno”, cita la investigación.

En diciembre de 2018 el entonces ministro de Seguridad  y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, informó sobre el decomiso de 15.4 toneladas de cocaína valorada en $347.9 millones de dólares en el mercado negro. Fue la mayor incautación en la historia del país, citó la Agencia Guatemalteca de Noticias (AGN) en su nota titulada “Más de 300 millones en droga decomisada en El Salvador”. 

Ramírez Landaverde confirmó en esa ocasión que buena parte de esas incautaciones ocurrieron a más de 200 millas náuticas del mar territorial salvadoreño. Ese mismo año la Fuerza Naval confiscó dos semi-sumergibles que trasladaban más de 7 toneladas de cocaína.

Recientemente, en febrero de 2021, se incautó 500 kilogramos de cocaína  valorada en $12.5 millones. La intercepción ocurrió en la Bahía de Jiquilisco.  La droga provenía de Guatemala a través del Golfo de Fonseca. El decomiso confirma que los narcotraficantes usan más la vía acuática que la terrestre para el paso de droga.

En octubre de 2020 el actual ministro de Seguridad Rogelio Rivas informó sobre 2 decomisos de droga en distintos puntos terrestres del país que sumaban 1.5 toneladas de cocaína valorada en 38 millones de dólares.

El decomiso se llevo a cabo en Zacatecoluca  y en la frontera El Amatillo que conecta a El Salvador con Honduras. Pero en ninguno de los decomisos aparecen los municipios de Arcatao, San Fernando, San Ignacio y Nueva Trinidad que el presidente mandó a militarizar.

Es más, Arcatao es uno de los municipios más seguros del país debido a su nivel de organización adquirido durante la guerra. En 2018, 18 municipios de Chalatenango tuvieron cero homicidios, entre ellos Arcatao, según el informe de FUNDAUNGO denominado “Aportes al debate sobre seguridad ciudadana del año 2019”.

La militarización “se ha usado como un instrumento político”, según habitantes de Arcatao

Diversas fuentes consultadas por YSUCA no creen en el discurso del presidente sobre que la militarización se deba al paso de droga por la zona. No han escuchado sobre decomisos de cocaína ni otras sustancias ilícitas. Tampoco de contrabando de productos en los puntos fronterizos con Honduras que ahora están cerrados.

Nelson Ayala es profesor del Instituto Nacional de Arcatao. Nació en una guinda cuando su familia huía de su comunidad hacia la zona conocida como Chupamiel en Honduras. Conoce muy bien las estrategias de los militares y los gobiernos y cree que el discurso de cerrar el paso de droga es solo una fachada usada para quebrar el nivel de organización que tienen las comunidades de Chalatenango y obtener beneficios políticos en períodos electorales.  

 

 

 

La reflexión del profesor no está alejada de la realidad. En la última elección de diputados y concejos municipales, alcaldías que históricamente eran gobernadas por el FMLN fueron arrebatadas por el partido Nuevas Ideas.

De 33 municipios de Chalatenango, el FMLN solo gobernará 10 alcaldías de las 15 que tenía, perdió cinco: San Ignacio, Arcatao, La Palma, Nueva Trinidad y San Francisco Lempa. Curiosamente 3 de esos 5 municipios están entre los que el presidente ordenó militarizar.

La campaña electoral tuvo su efecto en esos municipios, pero 10 se resisten a ser gobernados por el partido del presidente y continuarán siendo bastiones del FMLN. Sin embargo, algunos habitantes de Arcatao denunciaron a Radio YSUCA que la compra de voluntades fue uno de los motivos de la victoria en algunos municipios.

Según los denunciantes, personas allegadas al partido Nuevas Ideas pagaron entre 50 y 200 dólares para obtener el voto de la población

 

 

 

 

Los habitantes de Arcatao ahora están divididos. Unos creyeron en el proyecto político de Nuevas Ideas, otros se mantienen firmes a su ideología de izquierda. Pero cada vez se convencen de que la militarización no ha sido más que un instrumento político para presionarlos y borrar la huella de su organización, que les ha permitido altos niveles de seguridad, desarrollo local y liderazgo, elementos que podrían no ser del agrado del nuevo Gobierno.

 

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