Cruzada contra la transparencia
Editorial UCA
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Cuando era candidato presidencial, la principal tarjeta de presentación de Nayib Bukele fue la anticorrupción. El eslogan “El dinero alcanza cuando nadie roba” tocó fibra en la población y perfiló una promesa de honestidad. Durante su campaña, Bukele prometió un comisionado anticorrupción nombrado por la oposición política. Eso nunca sucedió, al igual que otras promesas de transparencia. Ofreció mucho para luego encabezar una administración que no le rinde cuentas a nadie. A los partidos que gobernaron después de la guerra los metió en la misma bolsa (“los mismos de siempre”), explotando y profundizando el desprestigio que Arena y el FMLN se habían labrado por su cuenta. Bukele decía ser distinto, honesto, la persona que comenzaría una nueva historia.
Pasado año y medio, dos cosas han distinguido a su Gobierno: estilo autoritario y opacidad en el manejo de los recursos públicos. Ahora, “los mismos de siempre” son todos los que no bajan cabeza ante la voluntad del presidente. Y esconder información se ha vuelto la norma. El secretismo comenzó muy pronto. A los 100 días de su gestión, Bukele anunció con bombo y platillo —fiel a su estilo— el Plan Nacional de Salud, con el cual, dijo, se pondría fin al desabastecimiento de medicamentos y se priorizaría la prevención. Afirmó que el Plan ya estaba en ejecución y comenzaba a rendir sus primeros frutos. Pero el Plan no existe.
Cuando la revista Gato Encerrado solicitó el documento, tanto la exministra Orellana como el actual ministro respondieron que el Plan todavía estaba en discusión y que por eso era información reservada. En octubre de 2019, el Gobierno también declaró reservada la información que explicaría la supresión de cinco secretarías y más de 600 plazas del Ejecutivo. En octubre de 2020, ante una solicitud de Radio YSUCA, se declaró reserva total para el convenio entre el Centro de Ferias y Convenciones (Cifco) y el Ministerio de Salud para ceder las instalaciones del primero y construir el Hospital El Salvador. En noviembre del año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería calificó con reserva total la información sobre la adquisición, distribución y liquidación de la ayuda alimentaria a las familias en situación de vulnerabilidad por la pandemia.
El mismo mes, el Ministerio de Salud reservó por siete años los datos de los sistemas informáticos que registran enfermedades comunes y crónicas, el flujo de pacientes atendidos por covid-19 y el abastecimiento de insumos en los hospitales. Entre esta información se encuentran los registros de las altas hospitalarias, defunciones y nacimientos, además de las estadísticas epidemiológicas y los resultados de laboratorio. También puso bajo reserva total la información sobre los centros de contención instalados por el Gobierno. Esto sucedió una semana después de que la Fiscalía General de la República allanara la sede del Ministerio y de otras oficinas gubernamentales en el marco de al menos 17 investigaciones por indicios de corrupción en el manejo de fondos públicos.
El índice de información reservada del Ministerio de Hacienda, fechado el 8 febrero de 2021, registra 29 casos. Entre estos sobresalen la investigación o persecución de actos ilícitos o delitos de índole fiscal, las compras públicas, los procesos de inconstitucionalidad y los vehículos asignados a los titulares de los ministerios, todos con siete años de reserva total. Por otro lado, se han puesto fuera del ojo público los proyectos que están en proceso de evaluación ambiental, el “informe situacional” para la atención de la emergencia del covid-19 por parte de la PNC y el Plan Control Territorial. La misma dinámica se está aplicando a todo lo relacionado con las vacunas contra el covid-19. Como tiro de gracia, la instancia encargada de evaluar si las reservas de información son justificables legalmente, el Instituto de Acceso de la Información Pública, ha sido desnaturalizada con el nombramiento de personas que parecen tener por única misión garantizar el secretismo y el ocultamiento.
Si esto pasa ahora, ¿qué sucederá si el Ejecutivo llega a obtener poder absoluto? El anhelo del implacable perseguidor de los mismos de siempre parece ser regir un país en el que la transparencia esté prohibida y corra riesgo quien contradiga la historia oficial; un país sin instituciones que garanticen la verdad y la justicia. Para que ello no suceda es crucial la oposición de la ciudadanía crítica, así como un permanente ejercicio de investigación periodística y académica. Solo así se evitará que la verdad sea sepultada con espejismos mediáticos.