Tras décadas de intentos fallidos por lograr una reforma migratoria integral en Estados Unidos, la Administración de Joe Biden le apuesta a cumplir su promesa de campaña, aunque deba hacerlo de manera progresiva y fragmentada.
Este jueves 18 de febrero, los demócratas presentaron en el Congreso el proyecto de ley que busca un camino a la ciudadanía para 11 millones de personas que viven en el país sin estatus legal, además de otras disposiciones migratorias. Pero, en esta ocasión, los progresistas no se refieren al todo o nada.
“Aunque apoyo una reforma migratoria completa e integral, estoy listo para avanzar poco a poco, porque no quiero terminar con buenas intenciones en mis manos y no tener nada”, dijo el representante de Texas Henry Cuellar.
El enfoque fragmentado es un claro intento por evitar los fracasos del pasado y un reconocimiento de que el éxito del plan a gran escala podría ser aún más difícil en un Congreso altamente dividido. Los demócratas mantienen la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes, pero con el margen más estrecho en 20 años. Tras los resultados que obtuvieron en las elecciones del pasado noviembre, perdieron 11 escaños y actualmente hay 222 demócratas y 212 republicanos en la Cámara Baja.
En el Senado ambas bancadas tienen 50 legisladores y ante ese escenario, es la vicepresidente Kamala Harris quien puede desempatar cualquier decisión. Esas cuentas son clave a la hora de aprobar una iniciativa de ley.
“Lo más importante aquí es que vamos a conseguir algo en la línea de meta, porque no hacerlo no es una opción”, dijo Greisa Martínez Rosas, directora ejecutiva de United We Dream, un grupo de defensa de la inmigración.
Los proyectos de ley integrales negociados por equipos bipartidistas de legisladores naufragaron varias veces durante la Administración del republicano George W. Bush, quien estuvo dos periodos en la Casa Blanca, entre 2001 y 2009; y bajo los dos Gobiernos del demócrata Barack Obama, entre 2009 y 2017.
Ciudadanía para grupos poblacionales específicos
Los defensores de la reforma migratoria de Biden aseguran que podrían perseguir proyectos de ley más pequeños centrados en la ciudadanía para grupos como los jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos por sus padres cuando eran niños, conocidos como “dreamers” o “soñadores”; para los trabajadores agrícolas y otros empleados en labores esenciales.
El proceso tomaría aproximadamente ocho años. Primero, les proporcionaría un nuevo tipo de estatus temporal durante cinco años y luego les permitiría obtener la ciudadanía después de otros tres años.
Pero para algunos migrantes la “green card” sería automática, según había adelantado la vicepresidenta. Ella explicó que esto sería para quienes ya sean beneficiarios de los programas Acción Diferida (DACA), dirigido a los “dreamers”, y para quienes gocen del Estatus de Protección Temporal (TPS), que ampara a miles de personas víctimas de conflictos, muchos de ellos de El Salvador.
El camino a la ciudadanía solo aplicaría para las personas que han estado en el país desde antes del 1 de enero de 2021. Cualquiera que ingrese a la nación después y de forma irregular no calificaría.
Uno de los principales promotores del proyecto de ley, el senador de Nueva Jersey Bob Menéndez, sugirió este jueves que estaba abierto a un enfoque menos expansivo.
“Si podemos conseguir ciertos elementos y aprobarlos individualmente tanto en la Cámara como en el Senado, es genial”, dijo.
El propio Biden afirmó durante una entrevista con la televisión local el martes que “hay cosas de las que me ocuparía yo solo”, lo que sugiere que intentaría aprobar algunas partes de su proyecto con decretos presidenciales.
Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del Center for American Progress, señaló que las décadas de experiencia de Biden en el Senado le han dado una visión realista de lo que es posible alcanzar en el Legislativo.
“Él también sabe cómo contar los votos, y sabe lo que se necesita para que la legislación cruce la línea”, indicó.
Seguridad fronteriza
La seguridad fronteriza es un asunto que generalmente incluyen los demócratas en sus propuestas migratorias, para mostrar compromiso en esta materia y ganar votos republicanos.
Sin embargo, el actual proyecto presenta una política más focalizada, con las autoridades dirigidas a concentrarse en las personas con estatus irregular que representen una amenaza a la seguridad y no en arrestar y expulsar a cualquier indocumentado, independientemente de sus antecedentes penales o vínculos comunitarios, según las pautas presentadas este jueves.
Bajo la Administración de Biden, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaría y removería principalmente a personas que representan una amenaza para la seguridad nacional, cometieron delitos considerados graves o que recientemente hayan cruzado la frontera sin autorización.
Esta propuesta también está lejos de la sugerencia de “abolir ICE” que se convirtió en un grito de guerra entre algunos progresistas enojados por lo que consideraban una aplicación indiscriminada de las detenciones.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, describió las nuevas pautas, que serán temporales hasta que se promulgue una política permanente en aproximadamente tres meses. Dentro de las medidas se incluye un uso más eficaz de los recursos en una agencia, que cuenta con alrededor de 20.000 agentes de la ley y personal de apoyo.
“Al enfocar nuestros recursos limitados en casos que presentan amenazas a la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, nuestra agencia ejecutará de manera más hábil y efectiva su misión de aplicación de la ley”, dijo el director interino de ICE, Tae Johnson, al anunciar las nuevas pautas.
Otras disposiciones
Los condados y municipios podrán solicitar visas de trabajo adicionales según sea necesario.
Además, el proyecto de ley eliminaría la palabra “extranjero” en el código de inmigración y la reemplazaría con “no ciudadano”. Esta medida ha sido aplaudida por los defensores de los inmigrantes que ven el uso de la palabra como despectivo y deshumanizante.
También pondría fin a las prohibiciones de reingreso de tres y diez años para inmigrantes indocumentados que abandonan voluntariamente el país.
La iniciativa también reforma los procesos legales de inmigración al no contar más a los cónyuges e hijos menores en la proporción de visas asignadas a un país. También significa que los miembros de la comunidad LGBTI serían tratados por igual bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según un funcionario del Gobierno.
Por otra parte, prevé que la cantidad de visas de diversidad emitidas para países con bajas tasas de inmigración hacia Estados Unidos aumentará de 55.000 a 80.000.
Además, el Gobierno de Biden ya anunció que a partir de este 19 de febrero comenzará a procesar gradualmente a miles de solicitantes de asilo, que bajo el programa Protocolos de Protección al Migrante, conocido como ‘Remain in Mexico’, o ‘Permanezca en México’, fueron obligados a esperar su trámite en ese país.
Con AP, Reuters y medios locales