En Honduras, el Congreso aprobó una ley que blinda la prohibición del aborto y del matrimonio homosexual, endureciendo las condiciones para reformar la Constitución en esos dos puntos.
Antes se requería el apoyo de dos tercios del congreso hondureño para legalizar el aborto o el matrimonio homosexual. Una vez aprobada esta reforma se necesitará el voto de tres cuartas partes de la cámara. El vicepresidente del congreso, Mario Pérez, que introdujo este proyecto de ley, define el texto como un candado constitucional. Pérez es miembro del oficialista Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández.
Con esta reforma, “lo que hicieron fue elevar a pétreo el artículo del aborto porque nunca se va a poder reformar si se necesitan 96 votos” de los 128 que tiene el Congreso, dijo a la AFP la diputada opositora, Doris Gutiérrez.
Grupos feministas han realizado movilizaciones públicas para exigir al Congreso que permitiera el aborto en algunos casos, como en violaciones.
Honduras tiene una de las legislaciones antiaborto más duras del mundo. No se contempla ninguna excepción, ni en caso de violación, malformación o de riesgo para la vida de la mujer embarazada. Se prevén penas de prisión de hasta seis años para quien interrumpa voluntariamente su embarazo, aunque los jueces suelen permutarlas por multas o trabajo comunitario.
Una de cada cuatro niñas hondureñas se ha quedado embarazada al menos una vez antes de los 19 años, según la ONU, que apunta también a que se llevan a cabo 51.000 y 82.000 de abortos inseguros que se llevan a cabo cada año en Honduras.
