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Opinión

Doscientos años de opinión pública


Redacción YSUCA / 18 diciembre 2020 / 6:53 pm

Sajid Herrera
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Hace doscientos años nació en Centroamérica la prensa no gubernamental. Se trataba de dos periódicos guatemaltecos que generaron muchas expectativas en los cerrados círculos de líderes e intelectuales de la región, aprovechando la libertad de imprenta que el régimen constitucional español había decretado. En efecto, El Editor constitucional comenzó a publicarse a partir de julio de 1820 y El Amigo de la Patria inició en octubre del mismo año. Ambos periódicos inventaron la opinión pública moderna, es decir, la concepción de una racionalidad ciudadana con derecho y obligación de juzgar las acciones gubernamentales y de proponer las mejores medidas para evitar la continuidad del poder absoluto. Creo que a doscientos años conviene reflexionar sobre esta invención porque desde aquel momento se pensó como un pilar esencial de todo régimen justo basado en la ley pero que, no por ello, escapa de ser objeto de discusión.

Hoy como ayer la tentación del poder absoluto es una constante y si no disponemos de mecanismos que garanticen jurídicamente el que esta tentación se convierta en realidad, o si estos no son efectivos, nuestro sistema republicano se convierte en una mascarada. Los periódicos arriba mencionados lucharon contra el absolutismo monárquico de Fernando VII. Las tentaciones actuales son las de un presidencialismo extremo que ansía controlar a los otros dos órganos del Estado, en menoscabo del principio republicano del balance de poderes. Tanto Nayib Bukele en El Salvador como Juan Orlando Hernández en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua son muestras palpables de ello aunque con estilos y en circunstancias históricas diferentes. Y es que no solo la represión policial, paramilitar o militar de las protestas ciudadanas ponen de manifiesto el carácter autoritario de un gobernante, sino también la sutil violación a la libertad de información y el acoso a los medios opositores. La opinión pública, entonces, seguirá siendo asumida como el árbitro ciudadano que buscará controlar, desde la tribuna mediática, toda aspiración de poder ilimitado en nuestros mandatarios. No obstante, esta afirmación no está lejos de ser compleja, sobre todo si pensamos en cómo fue construida históricamente.

El clásico estudio de Jürgen Habermas sobre la opinión pública se convirtió desde hace varios años en un referente para el análisis del surgimiento en Europa de este concepto moderno. Sin embargo, su trabajo se enfoca en las experiencias británica, alemana y francesa. El mundo hispano (y dentro de él, el latinoamericano) queda por fuera (Habermas, 1981). De cualquier forma, hay un aspecto compartido por esas culturas políticas. Habermas señala cómo en Locke, Burke o los fisiócratas, entre otros filósofos, se transitó de nociones como “espíritu público” al de la “opinión pública”, cuyo ejercicio quedaba reducido a un minúsculo sector de la población: los hombres sabios e ilustrados. Lo que podemos desprender de aquí es que en el contexto parlamentario moderno, la opinión pública ya no era lo que la tradición filosófica occidental había denominado como la “doxa”, es decir, las simples y vagas afirmaciones o los juicios sin fundamento. Se convertía, más bien, en la voz autorizada de los ilustrados quienes, a través de la prensa y de los parlamentos, orientaban o legislaban en favor de los Estados.

Hacia 1820, los primeros dos periódicos no gubernamentales en Centroamérica también plantearon esa relación entre opinión pública y sistema representativo y, por tanto, legitimaron el que un círculo letrado y cerrado fuese el emisor de la voz del pueblo soberano. Se argumentó que la falta de luces (analfabetismo) en la población era lo que hacía que sus “representantes” asumieran su racionalidad crítica; pero este argumento no era más que la ocultación del desinterés histórico de los gobernantes y las elites económicas por el acceso de los habitantes a la educación. Es más, generalmente, los propietarios de aquellos periódicos eran miembros de la clase política y pertenecieron a los grupos económicos de poder, por lo que el resultado de este laboratorio representativo fue la desconexión de la opinión pública con las necesidades ciudadanas.

En El Salvador de los siglos XIX y XX ese monopolio de la voz soberana del pueblo se lo continuó arrogando la prensa gubernamental y la prensa afín a los intereses de la oligarquía. Si bien es cierto que rotativos como La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se convirtieron en opositores a regímenes militares como el del general Maximiliano Hernández Martínez, no por ello dejaron de responder a una agenda periodística a favor de un sector de la derecha que buscaba la modernización del país a costa de incumplir los derechos laborales, como ocurrió con la no aplicación del salario mínimo a sus propios trabajadores en la década de 1960. No está demás recordar la legitimación de las violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil o la defensa de la privatización a ciertos servicios públicos en la década de 1990 que estos medios impresos plantearon. A ellos se sumaron los espacios radiofónicos y los televisivos que terminaron configurando el cuadro perfecto para el elitismo de la opinión pública moderna.

En la actualidad las redes sociales han posibilitado que muchos ciudadanos y ciudadanas expresen su voz de manera más participativa. No cabe duda que los periódicos de los gremios estudiantiles y de artesanos en los siglos XIX y XX, los boletines de las organizaciones populares en las décadas de 1960 y 1970, ciertas revistas académicas como Estudios Centroamericanos o las radios comunitarias desempeñaron y continúan desempeñando la tarea de volver más inclusiva la voz de muchos sectores durante el reinado elitista de la opinión pública moderna. Sin embargo, lo que han logrado las redes sociales no tiene parangón, como tampoco lo tienen sus riesgos. La democratización del uso de la palabra por parte de las redes sociales exige mayor responsabilidad en las denuncias, en la afirmación de los hechos y en la exposición de los argumentos con la finalidad de no volver cierto aquello que no es o de difamar al adversario cuando de lo que se trata es de discutir los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad.

A doscientos años de la lucha contra el absolutismo monárquico, lo que podemos aprender del pasado es que esa sombra todavía continúa con la vestimenta del autoritarismo presidencialista. De ahí que ni los medios tarifados del pasado o del presente ni mucho menos la tradicional clase política tienen la moral para representar la voz del pueblo, como se afirmó desde 1820. A los ciudadanos y ciudadanas nos queda, desde las diferentes tribunas mediáticas, defender las instituciones construidas a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, luchar por una sociedad con mayor justicia social en su proyecto de desarrollo económico así como reiterar, frente a las tentaciones autoritarias y militaristas del poder Ejecutivo, el compromiso con los valores democráticos. La opinión pública, para cumplir con su cometido, deberá conocer los límites que marcan el respeto y la certeza de los hechos, de lo contrario perderá la brújula de ser la que fiscalice con propiedad a quienes nos gobiernan.

* Sajid Herrera, director de UCA Editores. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 26.

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