CISPES alerta al gobierno estadounidense y a las organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos ante las amenazas a la institucionalidad democrática de El Salvador
Samantha Pineda, directora de Programa de CISPES
De acuerdo con el Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, CISPES por sus siglas en inglés, los ataques en contra de la legitimidad del Tribunal Supremo Electoral generan inquietud en la comunidad internacional, ya que podría poner en tela de juicio la transparencia del proceso electoral y la legitimidad de instituciones garantes de la democracia en El Salvador, según la directora de Programa de CISPES, Samantha Pineda.
Asimismo, Pineda asegura que la organización con base en Washington D.C. ve con preocupación la actitud del presidente Nayib Bukele de minimizar acciones como el bloqueo de las instalaciones del TSE y la privación de libertad de los empleados y periodistas que se encontraban al interior de la institución, el pasado 30 de noviembre.
También llamó la atención sobre las detenciones improcedentes en contra de funcionarios de las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas de Vigilancia Electoral de partidos de oposición.
Por otra parte, la Directora de Programa de CISPES advirtió sobre la desinformación que hay entre la comunidad migrante en Estados Unidos sobre los acontecimientos en El Salvador.
El llamado de CISPES se suma a una serie de pronunciamientos sobre la alarmante situación del Estado de Derecho en El Salvador, como los emitidos recientemente por liderazgos del Partido Demócrata estadounidense en el Congreso y la Cámara de Representantes, en relación a los agravios a la libertad de prensa y a la libertad de expresión por parte del gobierno del presidente Bukele.
Desde 1994, CISPES ha acompañado los procesos democráticos en El Salvador con delegaciones de observadores internacionales, como un respaldo y garantía de la legitimidad de las elecciones y sus resultados en los últimos 28 años.
De cara a las elecciones de 2021, hace un llamado a apoyar las iniciativas orientadas a fortalecer la institucionalidad democrática, para evitar que el clima de inestabilidad política escale a una crisis constitucional que ponga en riesgo la democracia del país.