La corrupción sobresalta Casa Presidencial
Rodolfo Cardenal
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Las cuentas no le han salido bien al presidente Bukele. Nunca imaginó que el discurso contra los corruptos de Arena y del FMLN se volvería en contra suya y de los suyos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), instituida por él mismo para combatir la corrupción, encontró “irregularidades” notables en la adquisición de bienes por parte de varias dependencias del poder ejecutivo y, según lo acordado, dio aviso a la Fiscalía General, que procedió a requisar la información. La institución insignia contra la corrupción, una de las grandes promesas de la campaña electoral, ha colocado sorpresivamente en aprietos a algunos de los incondicionales del entorno presidencial. Una acción inaudita, porque los corruptos, por definición del mandatario, son Arena, el FMLN y la empresa privada políticamente contraria.
Nunca se le pasó por la cabeza al presidente que los ministros de Salud, Hacienda, Agricultura y Ganadería, y Medioambiente, y los presidentes de Anda y del Fondo Ambiental de El Salvador pudieran ser cuestionados institucionalmente por corrupción. Tal vez porque no duda de su integridad. Tal vez porque está convencido de que los suyos no son de la misma pasta que sus enemigos políticos. Tal vez porque es renuente a reconocer que se equivocó al ponerlos al frente de esos despachos. Tal vez porque, en cuanto incondicionales, son intocables, aun cuando hayan cometido actos corruptos o hayan sido negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones como el director de la Policía, elevado a viceministro para investirlo de impunidad. Sea lo que sea, Casa Presidencial ha salido malparada.
La reacción ha sido furibunda. Valiéndose de la Policía, el Ejecutivo entorpeció la incautación de información en el Ministerio de Salud. Protestó porque los fiscales habrían ingresado en las instalaciones en cantidad excesiva, sin credenciales, sin orden judicial y armados. Interpretó la acción fiscal como un ataque contra los logros gubernamentales y contra “la nueva forma de hacer política”. Insultó a los fiscales, a quienes llamó “sinvergüenzas” y arremetió contra doce congresistas estadounidenses porque uno de ellos respaldó los allanamientos. En el afán de librar a los funcionarios de responsabilidad, Casa Presidencial convirtió al pueblo en víctima de los fiscales: anunció el desabastecimiento de medicamentos por la confiscación de los equipos informáticos del Ministerio de Salud. El fiscal general, según el presidente Bukele, tiene necesidad urgente de “atacar, con toda su podredumbre, al pueblo salvadoreño”. Las razones de la agresión no fueron reveladas por el mandatario, erigido en defensor del pueblo bajo ataque fiscal.
Asombrosamente, el ministro de Salud contradijo la versión de su jefe al dar la razón a la Fiscalía General. Admitió la existencia de “un primer informe” sobre “irregularidades en procesos de compra” y que “no se compró insumos y medicamentos a precio convencional”, sino inflado por el “canibalismo”. A continuación, restó importancia a los reclamos de la Cicies, ya que serían “errores de forma” normales, en “eventos extraordinarios”, cuando es imposible “ser tan minucioso”. Olvidó mencionar que los caníbales son allegados al círculo presidencial.
No deja de ser irónico que mientras Casa Presidencial se empeña en disimular la corrupción de sus funcionarios, su ministro de Hacienda anuncie una campaña contra la fuga del capital a los paraísos fiscales. Bien se cuida el ministro de advertir que el objetivo de la cruzada son “los malos empresarios”. En lenguaje gubernamental, los políticamente contrarios. Los seguidores del presidente, “los buenos empresarios”, pueden estar tranquilos. Sus capitales están seguros. En realidad, ningún capital fugado corre peligro. La lucha contra los paraísos fiscales solo puede ser eficaz si la comunidad internacional decide acabar con ellos. Por el momento, no está por la labor. En cualquier caso, la repatriación de esos capitales tomará tiempo. Si regresan, llegarán demasiado tarde para una hacienda desesperada por obtener liquidez.
El fiscal general sorprendió a Casa Presidencial al retomar la amenaza del presidente Bukele de “meter preso a todo funcionario o a toda persona que se enriqueciera con fondos públicos de la pandemia”. El asombro y la cólera presidencial revelan que esas frases son para animar a los usuarios de las redes sociales, no para tomarlas en serio. Mucho menos para cuestionar la honradez de los funcionarios del presidente. Los allanamientos de las dependencias del poder ejecutivo y de las empresas proveedoras son solo el primer paso. Muy importante, a juzgar por las reacciones presidenciales. Todavía está por ver cuántas condenas consigue la Fiscalía General. Es un paso modesto, ya que por cuarto año consecutivo el país no alcanza el mínimo control de la corrupción establecido por Estados Unidos. Queda mucho por hacer aún.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.