El Estado social y democrático de derecho

José María Tojeira
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Nuestro Estado es débil desde hace muchos años. Y en ese contexto escuchamos muchas veces  decir que se está violando el Estado de Derecho. Incluso en ocasiones distintos grupos del país han tenido que acudir a instancias internacionales de Derechos Humanos, precisamente porque el Estado de Derecho en El Salvador no cumplía con sus propias obligaciones. El tema es antiguo. En el pasado solía ser la sociedad civil solidaria con los derechos de los pobres la que acusaba al Estado de violar derechos básicos de la ciudadanía. Hoy, la situación ha cambiado con la pugna que se ha establecido en el país entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo y por la desobediencia del Ejecutivo al poder judicial. Aunque resulta muy claro que una buena parte de las confrontaciones y enfrentamientos tiene un fondo netamente político, lo cierto es que el conflicto actual pone en evidencia que en muchos aspectos la Constitución de la República es solamente papel mojado. En la situación actual predomina la queja por las violaciones de la normativa constitucional en lo que se refiere al equilibrio de poderes y al sistema de controles, pesos y contra pesos, que especifica nuestra Constitución. Sin embargo, las violaciones a los lineamientos constitucionales que nos califican como Estado personalista, social y democrático de derecho, son mucho más amplias.

En efecto, el artículo uno de la Constitución, que define los fines del Estado, afirma que la persona humana y su dignidad son el origen y el fin del Estado. Y extrae de esta afirmación la siguiente consecuencia: “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. De hecho, la división de poderes, los controles mutuos entre poderes, los famosos pesos y contrapesos que con tanto gusto mencionan los políticos cuando hablan de nuestra democracia, no son tan absolutos en la Constitución como el primer artículo enunciado. Al contrario, los tres poderes están al servicio de los fines prioritarios del Estado que menciona dicho artículo. Respetar los derechos de cada poder del Estado y exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada uno es indispensable en el Estado de Derecho. Pero es más indispensable todavía que los tres poderes estén al servicio de los fines expresados en el primer artículo de la Constitución. Y ahí es donde los tres poderes tienen graves carencias e incluso errores. Pues en los casi 40 años que tenemos de la actual Constitución, se han mostrado incapaces de hacer un plan operativo conjunto para lograr el cumplimiento de esas cinco exigencias constitucionales. La libertad de los más fuertes, léase los empresarios y funcionarios, ha sido normalmente la más protegida. Pero la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social no son valores que el estado haya logrado universalizar y hacer partícipes de ellos a todos los salvadoreños.

Cuando hoy se defiende sobre todo el respeto a la independencia de los poderes y a la importancia de los sistemas de control se tiene razón, pero se corre un serio peligro. Quienes carecen de bienestar económico o padecen la injusticia social de una educación o de una salud con muy baja calidad, o incluso quienes han sido detenidos en centros de contención durante la pandemia, pueden pensar, y con razón, que el Estado se defiende más así mismo y a los intereses de quienes lo administran y de sus poderosos, que a la población en general. Los demócratas tradicionales hablan con frecuencia del soberano al referirse al conjunto de personas de un país, y utilizan muy bien el término. Pero el problema es que quienes viven en pobreza no se sienten soberanos del país. Nuestra Constitución es ciertamente valiosa en sus principios fundamentales, que ponen siempre como primera prioridad a las personas y su dignidad. De ahí surgen los grandes fines de la Constitución. La separación de poderes, los pesos y contrapesos, las instituciones son los medios para lograr ese fin. Dañar los medios para el fin constitucional que se pretende es grave. Pero olvidar los fines establecidos y marginar a una parte de la población condenándola a carencias de salud y educativas, pobreza e inseguridad, es más grave todavía. Tenemos que defender los medios que hacen posibles los fines, pero nunca olvidarnos de los fines, como se ha venido haciendo y se sigue haciendo todavía. Sin respeto por los fines y sin lucha por alcanzarlos, los medios terminan siendo odiosos.

Por José María Tojeira, director del Idhuca