Dale play


Nacionales

Sala pide a la FGR investigar posibles delitos del Ejecutivo al prohibir ingreso de salvadoreños


Redacción YSUCA / 23 septiembre 2020 / 6:19 pm

Aeropuerto Internacional de El Salvador | Foto Secretaría de Prensa de la Presidencia

La Sala de lo Constitucional certificó a la Fiscalía sobre incumplimiento de funcionarios de Gobierno por pedir PCR negativa de covid-19 a quienes quieran ingresar al país.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia certificó a la Fiscalía General de la República por posibles delitos cometidos por funcionarios del Órgano Ejecutivo entre los que se encuentran: desobediencia, actos arbitrarios, coacción e incumplimiento de deberes.

La Sala dio por incumplida la medida cautelar adoptada el 14 de septiembre de 2020 en un proceso de amparo y ratificada el 18 de septiembre de este mismo año.

Los magistrados advirtieron que la disposición por la cual las aerolíneas deben impedir el abordaje del pasajero que no presente una prueba de PCR negativa a covid-19 constituye una forma fraudulenta por parte del Gobierno de evadir el cumplimiento de la medida cautelar ordenada por la Sala de lo Constitucional.

También la sentencia dicta que a pesar de que el titular de Migración y Extranjería manifestó cumplir órdenes emanadas de un superior jerárquico, eso no significa que esté exento de responsabilidad, pues la obediencia a una orden inconstitucional o ilegal está proscrita por nuestro ordenamiento constitucional, reza el fallo del máximo tribunal de justicia.

El 19 de septiembre, la Dirección General de Migración y Extranjería comunicó que “las aerolíneas que quieran aterrizar a El Salvador deben exigir a todos sus pasajeros, nacionales o extranjeros, a excepción de la tripulación, diplomáticos y niños menores de 2 años, una prueba PCR negativa emitida por el laboratorio en un máximo de 72 horas antes de abordar el vuelo”.

Dos días antes de la apertura, la Sala ordenó la suspensión de la medida por violentar el artículo 5 de la Constitución, el cual expresa lo siguiente: “no se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación”.