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López Obrador impulsa una consulta para enjuiciar a los expresidentes mexicanos


Redacción YSUCA / 16 septiembre 2020 / 9:42 am

El presidente mexicano durante su conferencia de prensa matutina. AFP/File

RFI

El mandatario mexicano solicitó al Senado organizar una consulta popular para llevar a juicio a cinco de sus antecesores. Varios juristas dudan de la constitucionalidad de la consulta, que tendrá que pasar por el tamiz de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quiere llevar a juicio a cinco de sus predecesores, que estuvieron en el poder de 1988 a 2018: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

AMLO los acusa de corrupción y privatizaciones ilegales. El martes, pidió al Senado mexicano una consulta popular para enjuiciarlos. Aunque el mandatario asegura que reunió la cantidad de firmas necesarias para llevar adelante la consulta, eligió finalmente la vía legislativa para obtenerla. Aunque logre esta luz verde, la Corte Suprema de Justicia debe decidir si es constitucional organizar un referendo sobre la celebración de estos juicios.

“La suprema corte tiene que pasar por un tamiz de constitucionalidad la pregunta porque la Constitución dice que no se pueden realizar consultas sobre temas que tienen que con finanzas del Estado”, advierte Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Por eso no se aprobó y no se realizó aquella consulta en materia energética. Tampoco pueden ponerse a consulta asuntos electorales. Por lo mismo tampoco se llevó a cabo una consulta que proponía en su momento el PRI para eliminar a los diputados plurinominales. Y tampoco se pueden realizar consultas entre otras cosas, relacionadas con derechos humanos”, recuerda Salazar, en entrevista con RFI.

 

El jurista estima que  “los términos de la pregunta elaborada por el presidente, si están relacionados con los derechos humanos. En concreto, [está relacionada] con los DD.HH vinculados con el debido proceso penal”. “La Corte va a declarar inconstitucional la consulta por los términos de la pregunta”, anticipa Salazar.

Si a juicio de varios constitucionalistas la iniciativa no tiene posibilidades de prosperar porque vulnera la Carta Magna, ¿qué sentido tiene entonces para López Obrador impulsar esta consulta?

Víctor Manuel Martínez Bullé, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM apunta que “el único uso que va a ser de esto, es político. AMLO señalara ‘yo intenté, cumplir con mi promesa de intentar y no se pudo porque la Corte Suprmera de justicia va a decir que no’. El enjuiciar a una persona depende de que haya materia para enjuiciarla”.

Mientras tanto, el presidente mexicano pidió que la consulta popular tenga lugar el 6 de junio de 2021, junto a la elección diputados y gobernaciones.

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