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Opinión

Control político institucional y gestión de la información pública


Redacción YSUCA / 14 septiembre 2020 / 8:02 pm

Proceso

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La reciente publicación de una investigación periodística sobre negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas pone, de nuevo, sobre el tapete de la discusión pública la necesidad del desempeño eficaz de las instituciones de control político. Eso que los especialistas denominan la rendición de cuentas horizontal. En esta ocasión la atención recae sobre la actuación de la Fiscalía General de la República pues, a esta le compete investigar si hay delito que perseguir y, si es el caso, ser la parte acusadora en los respectivos tribunales.

Sin embargo, otras investigaciones periodísticas publicadas en diferentes medios de comunicación han señalado hacia otros funcionarios del Ejecutivo implicados en presuntos actos de corrupción. Además de la Fiscalía, otras instituciones como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental tienen facultades de control político institucional para los casos publicados. En otra clase de casos como las controversias que se suscitan en relación a la legalidad de los actos de la administración pública o procesos especiales de impugnación es la Sala de lo Contencioso Administrativo la que tiene las facultades para ejercer el control.

Por su parte, la Asamblea Legislativa también ha activado los mecanismos de control sobre el Ejecutivo que tiene a su disposición, por ejemplo, la Comisión de antejuicio, las Comisiones Especiales, la elección de funcionarios (magistrados de la Corte de Cuentas), la aprobación o desaprobación de los informes de labores presentados por funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones. De igual manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República también ha tenido que ejercer su función de control constitucional ante demandas de inconstitucionalidad presentadas desde la ciudadanía, así como la resolución de Amparos y el conocimiento y resolución de controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo. Adicionalmente, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral han declarado estar dispuestos a controlar el respeto a la legislación electoral en materia de propaganda. Aunque las elecciones se llevarán a cabo hasta el 28 de febrero del próximo año, algunos partidos y candidatos ya han comenzado a promocionarse pese a que solo lo tienen permitido dos meses antes de las elecciones, para el caso de los diputados, y un mes antes para el caso de los concejos municipales.

En este breve recuento de instituciones que tienen competencias constitucionales para ejercer el control político o rendición de cuentas horizontal hay que agregar, por supuesto, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que también fue activada por denuncias ciudadanas en el marco de la pandemia de covid-19. Por su parte, están pendientes los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de anteriores gobiernos.

A todo el entramado institucional mencionado hay que agregar, finalmente, al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la entidad de control político más reciente. Dado que la transparencia y la publicidad de los actos gubernamentales no forma parte de la cultura política salvadoreña, el IAIP  ha tenido que enfrentar intentos  por parte del Ejecutivo de controlarlo o neutralizarlo, desde su creación, o bien intentando modificar su reglamento, o bien nombrando comisionados sumisos. Los gobiernos municipales tampoco practican la cultura de la transparencia y, en su mayoría, se oponen a brindar información sensible a la ciudadanía que la solicita. No se niega que haya habido algún avance en esta materia en el país. Pero no se puede afirmar honradamente que la transparencia es una virtud de los gobernantes, funcionarios e instituciones públicas.

Un requisito indispensable para poder llevar a cabo de manera eficaz la rendición de cuentas horizontal es la existencia de una adecuada producción y gestión de la información pública. Tanto por parte de las instituciones que se ven sometidas al control político institucional como por las instituciones responsables de llevarlo a cabo. La información pública también puede resultar crucial para el ejercicio de la rendición de cuentas vertical, es decir, aquella que lleva a cabo la ciudadanía sobre sus gobernantes. A los cuales tiene ocasión de premiar o castigar cada vez que hay elecciones. La información es un recurso de poder y el acceso a ella es una manera de empoderar a la ciudadanía. En parte, quizá por ello los que han de ser controlados no se preocupan por producir información de calidad sobre su gestión. O dicho de otra forma, en parte quizá por ello la información que recibe la ciudadanía por parte de sus gobernantes y funcionarios públicos es publicidad o propaganda.

El control político horizontal no se agota en el control sobre el comportamiento de los gobernantes, funcionarios y empleados públicos. Así que la utilidad de la producción y gestión de la información tampoco se agota en expedientes y archivos personales.  Dentro de las modalidades de la rendición de cuentas horizontal también está la evaluación de programas y proyectos de políticas públicas. Quizá porque esta evaluación tampoco forma parte de la cultura organizacional de nuestras instituciones públicas es que se ha descuidado la producción de información confiable y válida así como su gestión bajo estándares de calidad.

En la gestión de la pandemia tenemos un escenario donde ha salido a relucir el problema de la producción y gestión de la información. En esta ocasión, la necesidad de contar datos confiables y válidos para el registro de los casos. Voceros del Colegio Médico y algunos centros de investigación han manifestado sus dudas sobre la confiabilidad de los datos proporcionados por el Ministerio de Salud. Se duda también sobre la validez de los mismos. Si bien es cierto que pueden existir problemas de registro, los mismos deberían estar dentro de ciertos límites tolerables. Más allá de que datos adversos a la gestión gubernamental de la pandemia puedan ser utilizados por la oposición al gobierno, no se puede evadir, con honradez, responder ¿cómo se pueden tomar decisiones adecuadas sin contar con información confiable y válida? Al respecto, es conveniente recordar las dificultades y errores que las autoridades gubernamentales enfrentaron al momento de repartir ayuda monetaria y en especies a las familias para paliar los efectos de la pandemia.

Quizá sea el momento de hacer una evaluación de la producción y gestión de información en las diferentes instancias gubernamentales. La misma debe trascender el juego político inmediato. Instrumentos clave para la toma de decisiones como los censos de población, censos agropecuarios, las encuestas de hogares de propósitos múltiples, las cuentas nacionales, información sobre el recurso hídrico, electricidad, reportes epidemiológicos, etc. deben proporcionar información confiable y válida. Lo contrario, lo vamos a lamentar.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 13.

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