El autoexilio de Juan Carlos significa que el monarca, de manera implícita, reconoce su comportamiento delictivo, que desde hace algunas semanas está siendo aireado por todos los medios de comunicación.
“Supone un momento crítico en la historia del régimen que fue instaurado en el año 78, porque su gran artífice acaba abandonando el país bajo la sospecha de corrupción, y con el beneplácito de una buena parte de la clase política, en un momento que no es de modo alguno fácil para las instituciones españolas. Entonces en este sentido yo creo que se trata de un momento que va a tener implicaciones a muy largo plazo. [El futuro de la corona española] queda muy comprometido, porque además una de las cosas más sorprendentes es que ha habido iniciativas en el Congreso de los diputados para generar leyes de transparencia, un mayor control y una mayor fiscalización de la Casa Real, que han sido rechazadas. Entonces nos encontramos con que hay en el fondo una posición en la que la propia Casa Real arrastra al conjunto de la democracia y del régimen político. No sé si a partir de aquí, a raíz del shock que puede producir esta marcha de Juan Carlos, pueda haber algún tipo de recuperación de la iniciativa a presentar ya una ley que permita fiscalizar la Casa Real, que sigue teniendo en este sentido unos márgenes de acción bastante fuera de control.”
El gobierno socialista de Pedro Sánchez, ante la magnitud del escándalo, presionó a la Casa Real para que buscara una salida digna al rey emérito que hasta el momento no ha hecho declaraciones.
En medio de un laberinto judicial sobre la inmunidad de Juan Carlos y sus prerrogativas tras abdicar a favor de su hijo en 2014, el rey emérito ha decidido abandonar el país con rumbo desconocido para que su presencia en territorio español no contribuya a alimentar el escándalo, perjudicando aun más a su sucesor Felipe VI.
El autoexilio también dificultaría la actuación de la justicia suiza y española en el supuesto de que finalmente el antiguo monarca tuviera que responder por actos de corrupción. No obstante, los abogados defensores ya han advertido que Juan Carlos, aunque esté fuera de España, seguirá a disposición de la justicia.
¿Qué probabilidades de que sea juzgado?
El rey emérito está siendo investigado por presuntos delitos vinculados a la corrupción. Algunos de ellos habrían tenido lugar tras su abdicación en 2014, por lo que habría perdido su inmunidad como jefe del Estado, que es precisamente lo que se está estudiando ahora.
En concreto, Juan Carlos habría cobrado comisiones ilegales de más de 65 millones de euros por facilitar la concesión a empresas españolas de la construcción del tren de alta velocidad en Arabia Saudita, además de disponer de varias cuentas en paraísos fiscales con dinero de dudosa procedencia.
Son pocas realmente las posibilidades de que Juan Carlos se siente en el banquillo de los acusados, si es que prospera la investigación que realiza la fiscalía de Suiza sobre el origen de la fortuna depositada en ese país europeo.
Por una parte, es difícil demostrar que las comisiones cobradas por el rey fueron ilegales. Y por otra, Juan Carlos podría alcanzar un acuerdo con la Hacienda española para regularizar su situación fiscal.
Así las cosas, todo parece indicar que el descrédito y el autoexilio serán probablemente los mayores castigos que reciba el rey emérito por su comportamiento supuestamente delictivo.