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Continúa el conflicto por el uso de tierras en la Isla Tasajera


Redacción YSUCA / 03 agosto 2020 / 4:12 pm

Foto cortesía

En la Isla Tasajera, ubicada en el municipio de San Luis la Herradura, departamento de La Paz, habitan unas 300 familias distribuidas en las comunidades de San Rafael Tasajera y La Colorada, que viven principalmente de la pesca artesanal y pequeñas actividades comerciales y turísticas.

La Isla Tasajera pertenecía a un ente privado. Después de que el territorio fue embargado pasó a ser propiedad del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE.

En el año 2013, el BCIE donó a El Salvador las zonas costeras de Isla Tasajera y Punta Cordoncillo, en el Océano Pacífico, que constituyen más de 385 hectáreas que fueron incluidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del país.

Hay una parte en la Isla Tasajera que sigue siendo privada. En octubre del año pasado, el Juzgado de Paz de San Luis la Herradura ordenó el desalojo de unas 20 familias en la Isla Tasajera. De acuerdo a un comunicado del Centro de Reorientación Familiar y Comunitaria (CREFAC) el desalojo de unas 4 manzanas de tierra fue ordenado a petición del empresario Antonio Closa.

La semana pasada los pobladores de la Isla Tasajera denunciaron que fueron nuevamente víctimas de malos tratos y amenazas de desalojo por parte de Astrid Ollarvide.

Esto dijo el presidente de la ADESCO Leonardo Funes:

Astrid Ollarvide, quien afirma ser la propietaria de 50 manzanas de la Isla Tasajera y arrienda parte del terreno a la empresa Intermundo Dos mil S.A de C.V, representada por Antonio Closa, dijo que la denuncia la había interpuesto ante la Policía Nacional Civil debido a que los pobladores estaban deforestando dentro de su propiedad.

Astrid Ollarvide:

Ante el conflicto por el uso del terreno en la Isla Tasajera y las constantes amenazas de desalojo de los pobladores, diversas organizaciones sociales han exigido al Gobierno del presidente Nayib Bukele generar políticas que reduzcan el déficit habitacional en El Salvador y a la Asamblea Legislativa que apruebe una normativa que garantice el derecho a una vivienda digna, adecuada en el hábitat.

 

 

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