Las críticas de políticos de oposición así como de especialistas de la educación no se han hecho esperar. Incapacidad, salida fácil y un atentado al derecho constitucional de niños y jóvenes a la educación, han sido los calificativos.
Las autoridades, que también han atribuido la drástica medida a la falta de condiciones para una enseñanza virtual, principalmente en el área rural, han asegurado el pago de salarios a los profesores de las escuelas públicas y han dejado en manos de las unidades educativas privadas los acuerdos con sus maestros a partir de seguir brindando educación a distancia por la vía digital.
En los meses que restan, el gobierno ha ofrecido ampliar y reforzar las redes de Internet, brindar capacitación en soportes digitales a maestros y estudiantes, y adquirir equipo tecnológico para el próximo año.