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IAIP investiga 4 casos de divulgación de datos personales en el marco de la emergencia


Redacción YSUCA / 21 mayo 2020 / 3:44 pm

Fachada IAIP

La Ley de Emergencia Nacional suspendió los términos y los plazos procesales en los procedimientos administrativos, que incluye las audiencias en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); sin embargo, no está suspendido el envío de solicitudes de información, ni la investigación de casos.

Pese a la cuarentena, el instituto desde el 19 de marzo ha recibido 25 solicitudes y tiene en pausa 2 apelaciones. Una de ellas tiene que ver con una solicitud de información sobre el estado de salud del presidente. También ha iniciado de oficio 4 casos por divulgar datos personales.

La comisionada presidenta del IAIP, Cristina Pérez, en la entrevista de Canal 33, dijo que “ha habido algunas situaciones, por ejemplo en la Asamblea Legislativa. Se puede terminar en la Policía Nacional Civil, el Ministerio de trabajo y Previsión Social, en dónde se han revelado presuntamente datos personales y el Instituto ya ha tomado la decisión de iniciar oficiosamente esta situación”.

Además, el Instituto ha recibido denuncias remitidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), siempre en el tema de datos personales.

Durante la emergencia también se suprimió el artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) y sumado a la suspensión de plazos y trámites en el IAIP se puso un candado al control y la rendición de cuentas, señala Wilson Sandoval, coordinador del centro de asesoría legal anticorrupción ALAC- FUNDE.

Desde el punto de vista de Sandoval, las emergencias son espacios donde se generan mayores probabilidades de corrupción, porque se bloquea el control sobre cómo el Gobierno está gestionando fondos y cómo se toman las decisiones. En este sentido, la rendición de cuentas y la transparencia es fundamental, en estos momentos, sobre todo porque es un derecho humano.

Hay ciudadanos que están ejerciendo este derecho. FUNDE ha recibido más de 100 denuncias, la mayoría contra el Ministerio de Salud. “De las 100 denuncias, aproximadamente el 32% son contra el MINSAL y el resto contra las municipalidades”, dijo Sandoval, quien agregó que las personas que están en los centros de contención han solicitado información sobre sus pruebas de laboratorio, para saber si están infectados o no de coronavirus.

El artículo 26 de la “Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de las Labores en el marco de la pandemia por Covid-19”,  aprobada por los diputados, lista una serie de información oficiosa que las instituciones estarían obligadas a transparentar. La ley también tiene prevista la creación de un comité contralor de las acciones del Gobierno. 

Pese a que la ley incluye mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, podría ser vetada tal como lo anunció el presidente Nayib Bukele, aún sin haberla analizado.

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