Pozo sin fondo
El combate a la pandemia de covid-19 y la crisis económica subsecuente se han convertido en un pozo sin fondo, al que el Gobierno está destinando enormes cantidades de recursos. A la fecha, además del dinero del que dispone a través del Presupuesto General, se han contraído deudas por miles de millones de dólares, que en teoría tienen su justificación en la lucha contra la enfermedad y la reactivación económica. Y es necesario remarcar el “en teoría”, porque una buena parte está sirviendo para suplir el déficit de ingresos del Estado.
El Salvador, ya antes de la pandemia, era un país altamente endeudado, pero en los dos meses que llevamos con el covid-19 el endeudamiento ha crecido a un ritmo trepidante, incrementando la deuda pública en un 20% A finales de marzo, el Gobierno anunció que requería dos mil millones de dólares de deuda para hacer frente a la pandemia a través del apoyo a la población económicamente más vulnerable (450 millones de dólares); la entrega de 600 millones de dólares a los municipios; la creación de un fondo especial para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre de las actividades; y el fortalecimiento del Presupuesto.
Un mes después, gracias a una negociación a puerta cerrada con la ANEP y los votos de GANA, PCN y Arena, el Gobierno logró la aprobación de otros mil millones de dólares de deuda, aduciendo motivos muy similares a los de marzo: la creación de un fondo de 460 millones para la reactivación económica de las empresas afectadas, 140 millones para los empleados que han quedado desempleados por la crisis y 400 millones para que el Gobierno pague el IVA que les debe a los exportadores y los saldos pendientes que tiene con sus proveedores. Vale aclarar que estos últimos 400 millones ya estaban incluidos en el Presupuesto. De esta forma, más de 1,200 millones se acabarán destinando a fortalecer el Presupuesto General del Estado.
El Gobierno está enfrentando esta crisis sanitaria sin reparar en montos, como si El Salvador fuese un país rico cuando, en realidad, los recursos son muy limitados y el futuro viene cargado de gravísimos problemas económicos. Algunos de los gastos que se están haciendo no parecen ser del todo necesarios o podrían reducirse con una mejor gestión. Basten dos ejemplos. En primer lugar, si la cuarentena en los Centros de Contención, en los que hay más de 9 mil personas, fuese de 15 días, tal como recomienda la OPS, en lugar de 30 o más, el dinero que se destina a ellos se reduciría en al menos la mitad. En segundo lugar, continúa la construcción del nuevo hospital en el parqueo del Cifco, en lugar de utilizar infraestructuras ya existentes que solo habría que acondicionar y reforzar para la atención hospitalaria. El dinero para construir un hospital que estará listo dentro de meses está haciendo falta ya para contratar más personal médico y paramédico, mejorar la red nacional de hospitales y centros de salud, y educar a los ciudadanos (no atemorizarlos) para prevenir el contagio.
Gracias al covid-19, el Gobierno ha logrado sumar cientos de millones de dólares más para su presupuesto. Además, ha reasignado cerca de 1,000 millones que en el Presupuesto 2020 estaban destinados a inversiones, principalmente en obras públicas. También ha recibido ayudas de la Agencia de Cooperación Japonesa, la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, entre los más importantes. En total, el conjunto de recursos de los que dispone para enfrentar esta situación asciende a más de 2,400 millones de dólares, aparte de los 1,600 millones destinados a las transferencias monetarias, a los municipios y a la reactivación empresarial. Si todo este dinero será dedicado a la lucha contra la pandemia o no, es cuestión aparte, pues la opacidad con la que el Gobierno toma decisiones y asigna recursos no permite afirmar nada con seguridad.
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