El agua genera consenso
En el país, en muy pocos temas se da un acuerdo tan grande como el que se genera en torno al agua. Así lo demuestra el más reciente estudio del Iudop. En los últimos años, ha crecido la conciencia ciudadana de que El Salvador se enfrenta a una crisis hídrica que afectará a toda la población, especialmente a los más pobres. Según la encuesta, los responsables de esta crisis son, en orden de mención, toda la población (48.4%), los Gobiernos anteriores (21.3%), la empresa privada (8.5%) y ANDA (3.8%). Además, hay un consenso casi unánime en que el agua es un derecho humano, por ser de todos y necesaria para una vida digna. Por ello se reclama, también casi unánimemente, que la Asamblea Legislativa reconozca pronto el derecho humano al agua en la Constitución.
En la misma línea, la gente manifiesta que es urgente aprobar una ley general que regule el agua y garantice su derecho. El acuerdo de que el ente regulador debe ser estatal es cada vez mayor, lo que está en plena coincidencia con la visión de más del 90% de la población de que la situación hídrica es crítica y muy preocupante. En igual sentido, la ciudadanía expresa de manera abrumadoramente mayoritaria su deseo de que el Estado garantice el acceso universal al agua potable y, complementariamente, que exista una institución que asegure que ese acceso sea en igualdad de condiciones.
La gran preocupación por el agua se debe a la realidad que se vive a diario. El 30% de los encuestados señala que la escasez o falta de agua potable es el principal problema que tiene en su colonia o lugar de residencia. A pesar de que, en teoría, la mayoría de la población tiene acceso al agua a través de una cañería que llega hasta su casa (85.1%), los problemas abundan. La calidad del líquido es uno de los principales factores cuestionados. Cuatro de cada diez afirman que no beben del agua que se les suministra porque no la consideran apta para el consumo humano. Según la percepción de la población, el distribuidor que ofrece menor calidad de agua es ANDA, mientras que las Juntas de Agua son las que entregan la de mayor calidad.
Otro de los factores que muestran la mala calidad del servicio es la baja frecuencia con la que este se recibe: el 41.2% de los consultados afirma no recibir agua todos los días. Entre ellos, el 33% señala que cuando la recibe es por menos de 8 horas diarias. Aunque para el 70% de los que reciben el agua a través de tubería el costo del servicio les parece justo, un sector importante, los que la reciben con menor frecuencia (ya sea porque el suministro es muy irregular o solo durante pocas horas al día) y los que pagan las facturas más altas, señala lo contrario.
En este contexto, es significativo que al preguntar sobre el trabajo del presidente Bukele en lo referente al agua, la población le asigne una nota de 7.38, significativamente menor a la que se le da al evaluar su gestión de manera global (7.8). En consonancia, la gran mayoría de salvadoreñas y salvadoreños espera que el Gobierno aplique políticas públicas que garanticen una mejor distribución del agua, entre las que debe incluirse sanciones para aquellas empresas que dañan el medioambiente.
No cabe duda: el agua genera consenso en El Salvador, con independencia del origen, ideología, lugar de residencia y clase social. Responder a la demandas ciudadanas en este tema, garantizando el derecho y el acceso al agua en condiciones adecuadas, es uno de los mayores retos de la administración actual. Si la salud y el bienestar de la población no son alicientes suficientes para la acción, el presidente debe tomar nota que su popularidad se ve lastrada en la medida en que no es capaz de responder con eficacia a esta problemática.
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