La Rue de la Loi en Bruselas es el corazón del poder europeo. En esta calle se encuentral las sedes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo europeo.
Alrededor de todas estas instituciones, se concentran más de 25.000 lobbies, o grupos de presión. Todos tratan de influir en las leyes que se preparan en las instituciones europeas, y, por lo tanto, a los más de 510 millones de ciudadanos de la Unión Europea. Según cálculos de la organización Corporate Europe Observatory, que aboga por la transparencia de los lobbies en Bruselas, estos gastan cada año 1.500 millones de euros. El objetivo: dirigirse a las instituciones y las embajadas de los países y presionar a favor de sus intereses.
La mayoría son multinacionales, denuncia Martin Pigeon, representante de la ONG Corporate Europe.
“Nos preocupa el poder de las multinacionales y de los lobbies en las políticas europeas; porque, básicamente, pueden influir en las políticas sin rendir cuentas a la ciudadanía; rinden cuentas, pero a los clientes que les pagan, no a los electores”, dice a RFI.
También la periodista de investigación y experta en lobbies, Stéphane Horél, advierte del que considera el peligro de las multinacionales en la toma de decisiones europeas, a causa de sus intereses. “Las acciones de los lobbies de algunas empresas que tienen productos tóxicos y peligrosos tienen un impacto en nuestras democracias porque manipulan para mantener sus productos en el mercado, imponen decisiones políticas que son contrarias a la salud pública”, ejemplifica Horél.
Además de las transnacionales, también se consideran lobbies las ONG, las organizaciones de agricultores y consumidores, las cámaras de comercio o la industria farmacéutica.
Con amplios presupuestos que superan varios millones de euros, estos grupos de intereses organizan actos y reuniones con eurodiputados y comisarios, en que exponen sus demandas. Uno de los lugares donde más se encuentran es en el Parlamento Europeo.
Entre los pasillos del Parlamento Europeo se cruzan los lobistas con eurodiputados, periodistas, asesores y asistentes parlamentarios.
La Eurocámara, bajo presión de los lobbies
La única institución elegida democráticamente por los ciudadanos europeos, es también una de las que más presiones de los lobbies reciben. Los eurodiputados que preparan los informes y que luego votan están obligados desde principios de 2019 a hacer públicas sus reuniones con este tipo de organizaciones.
Fue una ardua negociación que costó que se aprobara.
Pero, aún queda trabajar por hacer. Ernest Urtasun, vicepresidente del grupo de Los Verdes en la Eurocámara, propone otras medidas que cree ayudarían a mejorar la transparencia.
El eurodiputado ecologista Ernest Urtasun. © Parlamento Europeo
“Que se hagan públicas las reuniones sería un paso importante. Nosotros los Verdes lo hacemos de forma sistemática, nuestras agendas son públicas y tenemos una política interna de hacer públicas todas nuestras reuniones con los lobbies”, apunta Urtasun. “Después hay algunas medidas que podrían ir mas allá: nos gustaría que en los informes del Parlamento Europeo se desarrolle una ‘huella legislativa’, es decir que detrás de cada informe votado, se diga cuáles son los actores privados, ya sean ONGs o lobbies privados que han intervenido haciendo reuniones con los ponentes”, pide el eurodiputado Verde.
Agricultura, banca, energía…
Ha habido leyes muy controvertidas en que los eurodiputados han denunciado presiones. De hecho, cuanta más influencia de los lobbies sobre las leyes europeas, a menudo más enmiendas se introducen.
En la última reforma de la Política Agrícola Común se trató de introducir hasta 8.000. “Reciente hemos reformado la directiva de requerimiento de capital en las directivas de resolución bancaria que afectaba directamente a las provisiones que la banca debía hacer de su pasivo. El lobby bancario ha sido extremadamente activo en intentar influir en esa legislación”, recuerda Ernest Urtasun, miembro de la Comisión de asuntos económicos y financieros de la Eurocámara.
Lo mismo en materia energética: “particularmente cuando se hizo la última reforma de energía renovable, el lobby eléctrico estuvo muy activo. Es muy habitual. Bruselas es la segunda capital de los lobbies después de Washington”, agrega Urtasun.
Regalos a eurodiputados
Esta mala fama que ha perseguido a los lobbies a lo largo de los años se ha diluyendo. Algunos eurodiputados admiten que hace años era una práctica común que hubiera regalos, como viajes o botellas de vino. Ahora la presión es distinta, pero incluso en las instituciones europeas admiten que los lobbies pueden ser necesarios cuando se elaboran nuevas políticas. Pero cómo ejercen su trabajo sigue siendo motivo de suspicacias.
Por ello, cada vez más grupos de presión quieren cambiar esta imagen de opacidad. Así lo explica Joao Teixera de Freitas, representante de SEAP una de las principales organizaciones de lobbies en Bruselas.
“SEAP apoya sin duda más transparencia, porque creemos que si el sistema de transparencia en la Unión Europea se amplía y la transparencia aumenta, esto probablemente ayudaría a que la población en general se sienta más cómoda sabiendo el trabajo que hacen los lobbies en Bruselas, las decisiones que toman los políticos, por qué toman esas decisiones y si tienen contactos con lobbies o no”, dice a RFI.
De Freitas, considera que parte del problema es que hay una falta de información sobre lo que hacen los lobbies: “Creo que todo tiene que ver con el hecho de que hay un desconocimiento sobre lo que hacen los lobbies por muchas organizaciones. Creo que los lobbies necesitan algo de apoyo para que se vea su parte buena, hay que mostrar a la población lo que hacen los buenos lobbies en causas que benefician a toda la sociedad.”
En cambio, la organización Corporate Europe estima que lo que buscan los lobbies es lavar su imagen, y considera que no son tan necesarios. “Queremos sin duda un registro de transparencia obligatorio, queremos normas éticas para evitar las puertas giratorias entre los trabajos públicos y privados a nivel europeo, y queremos una mejor cultura de la investigación. Es decir, que se invierta más en conocimiento, en investigaciones que sean relevantes para los legisladores europeos; esto ayudaría a alejar a las grandes corporaciones y sus intereses de la legislación”, reclama Martin Pigeon. “Básicamente, lo que queremos es que las administraciones públicas euro-peas tengan todas las herramientas necesarias para tomar decisiones para el interés general.”
Sesión plenaria de la Eurocámara. © REUTERS – FRANCOIS LENOIR
Cada vez más ciudadanos se han mostrado contrarios a los lobbies, especialmente en cómo afecta su influencia en acuerdos comerciales, como el Pacto con Canadá, conocido como CETA, o incluso el reciente con Mercosur.
¿Y qué han hecho por ahora las instituciones ante los grupos de presión?
La Comisión Europea de Jean-Claude Juncker obligó a que todas las reuniones que tuvieran los comisarios con lobbies siempre estuvieran en el conocido como Registro de Transparencia. Una base de datos voluntaria, donde se hacen públicas las reuniones o su presupuesto. Según los últimos datos, actualmente hay prácticamente 12.000 grupos de presión en este registro.
En 2016, se propuso que todos los lobbies tuvieran la obligación de registrarse para ejercer su trabajo en las tres instituciones europeas. El vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans, uno de los principales defensores de la medida lo explicaba así: “Sí, debemos escuchar, pero los ciudadanos deben saber a quién escuchamos. Tenemos que ser abiertos y decir cuándo y cómo ocurre el lobbying, y tener algunas normas para que funcione”.
Pero tras más de dos años de negociaciones no hubo un acuerdo. “Para la Comisión el principio de ‘no hay reunión si no se está en el registro’ es muy importante. Vimos que durante las negociaciones con el Parlamento y el Consejo había una voluntad para llegar a un acuerdo y seguir negociando; pero el Parlamento también cambió sus propias normas y quiere también aplicar nuevas. Así que lo que ahora estamos esperando es que las negociaciones puedan volverse a retomar”, dijo Natasha Bertaud, portavoz del Ejecutivo comunitario.
Menos positiva es la eurodiputada y ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume, que co-lideró las negociaciones para que hubiera un acuerdo sobre el registro de Transparencia. Considera que el Consejo Europeo, que representa a los Estados miembros, dificultó que hubiera luz verde.
“El Consejo Europeo, que no utilizaba ningún tipo de registro hizo algunos pasos, pero totalmente insuficientes, para estar al mismo nivel en materia de transparencia. Así que perdimos una importante oportunidad a favor de una cultura de la transparencia. Y creo que es una lástima”, lamenta Guillaume.
La periodista Stéphane Horel admite que más transparencia sería positiva. Pero tampoco es la mejor solución. Porque los lobbies se reúnen también con funcionarios y de cuyas reuniones nada transciende.
“Habitualmente en Bruselas cuando un lobista llega a reunirse con un comisario es que realmente ha fallado en hacer lobby antes. Normalmente este tipo de lobbying se hace entre niveles más bajos en la Comisión, como puestos de policy officer, de jefe de unidad, director general de la Comisión Europea. Y sobre esto no tenemos absolutamente nada de transparencia”, observa.
Sylvie Goulard: rechazada por posible conflictos de intereses
Sylvie Guillaume propone una idea que podría generar consenso: la creación de una Autoridad Independiente que vigile la falta de transparencia de los lobbies y evitar también conflictos de interés entre futuros y antiguos comisarios, a semejanza de un organismo ya existente en Francia.
Con una nueva Comisión liderada por Ursula Von der Leyen hay una nueva oportunidad para una mayor transparencia. La nueva encargada para vigilar la relación con los lobbies es Vera Jourová.
Conflictos de intereses
Aun así, los conflictos de interés y las relaciones de las multinacionales con los políticos europeos ya han provocado problemas. Como a la candidata francesa Sylvie Goulard, que fue rechazada por su pasado y no pudo ejercer de comisaria. No parece ser que la delgada línea que separa el trabajo público con el privado vaya a desaparecer pronto. Bruselas, sin embargo, promete que peleará.