El botín legislativo
Rodolfo Cardenal*
La gestión arbitraria de la Asamblea Legislativa es conocida. No obstante, la difusión de algunas de sus interioridades no deja de sorprender. Los protagonistas de la corrupción legislativa son los mismos que enaltecen la democracia, la honestidad y los valores morales. Los datos evidencian la falsedad de ese discurso. Los mismos partidos que exigen austeridad en el gasto público contribuyen inescrupulosa y descaradamente al crecimiento del déficit fiscal.
La Asamblea Legislativa gasta un millón 400 mil dólares mensuales en 1,239 empleados de Arena, FMLN, GANA, PCN y PDC. A esa cantidad se suma el aguinaldo y dos bonos de 200 dólares. El salario y las prestaciones de los diputados y sus suplentes no están incluidos en ese monto. Los partidos tienen más empleados que la institución misma (1,115). Arena tiene 11 empleados por diputado y el FMLN 9, mientras que el PDC tiene 28. Los partidos trasladan a la planilla institucional a la mayor cantidad de empleados posible para abrir plazas en su grupo. Las contrataciones estarían justificadas si la productividad legislativa fuera oportuna, racional y eficaz. Pero si algo caracteriza la labor legislativa es la lentitud, la ignorancia jurisprudencial y la incuria de la ciudadanía.
Esto no es de extrañar dados los criterios de contratación. Los diputados contratan cónyuges, hijos y parientes de toda gama por más de mil dólares mensuales. El caso más escandaloso es el de GANA, que emplea a siete miembros del grupo familiar de la esposa de uno de sus dirigentes (tres hermanos, un cuñado, un sobrino, una nuera y el hermano de un cuñado). Casi todos los partidos tienen en nómina a sus fundadores. El PCN, el que más, mantiene a 41. Arena paga 3,500 dólares mensuales a varios de sus dirigentes más altos. Diez exdiputados del FMLN se llevan 28 mil dólares mensuales. También encuentran plaza los donantes y los antiguos candidatos a diputados, alcaldes y concejales. Los profesionales con plazas de ordenanza, motorista y asistente son comunes. La mayoría de estos empleados públicos no está obligada a presentarse en las dependencias donde supuestamente trabaja. Solo cinco de los 84 empleados del PDC hacen acto de presencia.
Existen otras contrataciones insólitas, como la del odontólogo, con clínica en Jocoro, que devenga 700 dólares mensuales como colaborador administrativo; la del abogado con plaza de motorista de mil dólares mensuales; la de dos ginecólogas que ganan 500 dólares mensuales, aunque una trabaja para aseguradoras y varios centros médicos, y la otra tiene clínica en Cojutepeque y presta servicios en varios centros asistenciales; la de la suplente de un diputado, que además es “asistente territorial” y árbitra de la FIFA, todo por 800 dólares mensuales; la de un proveedor del Estado con plaza de asistente de 500 dólares mensuales; y la del empleado de un colegio capitalino, propiedad de un diputado, que cobra tres mil dólares mensuales. Este diputado ha logrado colocar a otros dos empleados de su colegio. El diputado de San Miguel del PDC también ha conseguido plaza de asesor para dos empleados de su colegio con salarios de 1,700 y tres mil dólares mensuales.
Como si eso fuera poco, el PDC emplea a un prófugo de la justicia, acusado de violación. Y el PCN da trabajo a dos acusados del homicidio de uno de sus dirigentes, quienes devengaban 1,500 y 400 dólares mensuales. Además, contrató por 500 dólares mensuales al hermano y a la hija de uno de ellos. En su nómina figura también una secretaria, capturada en un punto fronterizo del municipio de Metapán y acusada de tráfico de personas. Las dirigencias de los partidos y los diputados no encuentran reparos legales ni éticos en estas prácticas. Los entes controladores de la buena administración pública las ignoran. El diputado del PDC de San Miguel asegura que sus empleados son competentes en educación. Pero hace seis meses, otro de sus asesores renunció a un salario de dos mil dólares mensuales cuando constató que sus propuestas eran engavetadas. De hecho, hasta ahora, ningún diputado ni ningún partido ha mostrado interés relevante en la educación nacional.
La respuesta común de dirigentes y diputados a los cuestionamientos de la prensa es el silencio. Saben bien que sus prácticas son indefendibles. Los pocos que aventuran una explicación aducen conocimientos y experiencias especializadas y flexibilidad de tiempo. La institucionalidad legislativa opera sin control desde tiempos inmemoriales. Los políticos confunden la independencia de poderes con la arbitrariedad, la irresponsabilidad y la irracionalidad. En gran medida, esto ocurre porque la ciudadanía lo tolera y porque la prensa, al menos hasta ahora, ha guardado silencio cómplice. De todas maneras, el remedio enfrenta un obstáculo casi insalvable, porque quienes deben poner fin a estas prácticas corruptas son los mismos partidos y diputados que se benefician de ellas sin el menor atisbo de vergüenza y decencia.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.