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Editorial

Una necesidad permanente


Redacción YSUCA / 13 diciembre 2019 / 1:24 pm

Editorial UCA

 

El diálogo social y político es un recurso que nunca debe despreciarse, y menos en una sociedad como la salvadoreña, con problemas graves que solo serán solucionados con la contribución de todos. Pero en el país, cuando una fuerza política ha contado con el apoyo de la mayoría de la población y ha tenido el músculo necesario para tomar decisiones sin acudir a las demás, el diálogo ha sido dejado de lado. Desde esta lógica, el diálogo solo es necesario cuando se está en una posición minoritaria y se requiere apoyos para sacar adelante los proyectos propios. Esta visión es perniciosa. Supone que el diálogo político es cuestión de debilidad y que lo ideal es imponer sin tomar en cuenta a la oposición. En otras palabras, es una forma de dictadura, un tipo de actuación autoritaria. El diálogo es necesario para conocer, sopesar y, mejor aún, tomar en cuenta diversas posturas, especialmente de aquellos que piensan distinto. A través del diálogo se puede avanzar hacia posiciones de consenso, que suelen ser cualitativamente mejores que las planteadas a solas. El diálogo permite la construcción colectiva de puntos de vista y soluciones que, al ser apoyadas por diversos sectores, tienen mayores posibilidades de éxito.

En este sentido, uno de los aciertos del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén fue la conformación de tres espacios de diálogo en los que participaron fuerzas políticas y sociales diversas. Los consejos de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, y de Educación fueron importantes y fructíferos. Gracias al acompañamiento de Naciones Unidas, dichos consejos lograron desarrollar planes de trabajo en su respectiva área. Ciertamente, no fueron perfectos, tuvieron limitaciones, no siempre se tomó en cuenta todas las posiciones y algunas recomendaciones importantes no se llevaron a la práctica. Pese a ello, este proceso y estilo de diálogo fue inédito en El Salvador. De haberse perfeccionado y continuado, podría haberse iniciado un nuevo estilo de gobernar, más democrático, con mayor participación de los diversos sectores del país.

Por otra parte, para fomentar el diálogo a nivel local, se hicieron cambios en la ley electoral y se crearon los concejos municipales plurales, que expresan mejor la elección ciudadana al estar constituidos por representantes de las diversas fuerzas políticas, según los votos que estas obtuvieron en la contienda. Antes, los concejos municipales estaban conformados exclusivamente por el partido que lograba más votos en la elección. Por desgracia, la tradición autoritaria de los partidos y sus líderes ha tirado por la borda esta oportunidad: por lo general, el partido que tiene la mayoría en el concejo toma las decisiones ignorando a los otros concejales. Será necesaria, pues, una nueva reforma para que los concejos municipales se integren proporcionalmente a los votos obtenidos, sin otorgar la mayoría del concejo a un partido que no haya conseguido más del 50% de los votos. Solo así el diálogo tendrá presencia a nivel municipal.

Diálogo entre las fuerzas políticas y entre las fuerzas sociales es lo que hace falta en el país. Un diálogo constructivo que encuentre solución a los problemas nacionales con los aportes de todas las partes. De ese estilo fue el que auspició Naciones Unidas entre julio de 2017 y mayo de 2019. En ese diálogo participaron todos los partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa. Después de innumerables reuniones, se logró concretar los acuerdos en una Agenda interpartidaria para la Nación. Ese espacio de encuentro se propuso abordar cinco temas de vital importancia: el primero, crecimiento económico, desarrollo social y finanzas públicas; el segundo, educación para la productividad, la tolerancia y la ciudadanía; el tercero, fortalecimiento democrático; el cuarto, salud pública digna, integral y universal; y el quinto, seguridad pública. Para cada uno de estos temas hay propuestas valiosas que deberían ser retomadas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, para aprovechar aquello que efectivamente puede ayudar a la construcción de un mejor país para toda la población.