La gente insiste
Violeta Martínez*
El 27 de octubre, Suchitoto realizó una consulta popular a nivel municipal para declarar el agua como derecho humano. Con más del 48% de participación ciudadana, el evento dio como resultado el reconocimiento del recurso hídrico como bien común por el 97% de los lugareños que acudieron a los urnas, lo cual implicará, en declaraciones de la alcaldesa, la creación de una ordenanza que tendrá como fin proteger el agua del territorio.
Desde un punto de vista técnico, el hecho cobra mayor relevancia al considerar la riqueza de la zona en materia de disponibilidad hídrica. En el Plan de Competitividad Municipal de Suchitoto, elaborado por Funde para el período 2012-2016, se estimaba que el municipio contaba con 28 ríos que representaban un caudal anual promedio de 1,467.24 m3/s en la estación lluviosa y de 250.09 m3/s en la seca, y que, además, existían 2,748,089.9 m3 de agua subterránea. De igual manera, el Plan señala que uno de los principales componentes de los recursos hídricos del lugar es el embalse Cerrón Grande, cuya capacidad de captación es de aproximadamente 2,150,000 m3; de los 135 km2 del embalse, un 50% pertenece a Suchitoto.
Por otro lado, al cotejar los resultados del evento con los lineamientos de gobernanza del agua propuestos en el marco del VII Foro Mundial del Agua, que se llevó a cabo en 2015, pareciera ser que el clamor de la población es acorde con la opinión internacional y hace evidente la necesidad de que el agua tenga una tutela pública por su naturaleza de bien común. De hecho, en 2017, una encuesta realizada por el Iudop reveló que el 98.6% de los salvadoreños cree que la ley debe garantizar el derecho humano al agua y que el 72% está de acuerdo con que el ente rector sea estatal. Otra investigación realizada por la UCA en el mismo año, titulada “Institucionalidad del agua en América Latina”, confirma que esta idea no es poco común fuera del país, ya que la institucionalidad creada para la gestión del recurso hídrico presenta una naturaleza pública unánime en toda la región. Y por si la voluntad manifiesta del pueblo fuera poca y los ejemplos latinoamericanos nulos, en el Examen Periódico Universal sobre Derechos Humanos al que se sometieron los Estados miembros recientemente, la ONU volvió a reiterar la importancia de que El Salvador reconozca el agua como derecho humano.
Por ende, que toda el agua de Suchitoto haya sido declarada como derecho humano constituye un respaldo a la lucha que por muchos años se ha venido haciendo para exigir a los diputados y diputadas que aprueben una Ley General de Aguas coherente con las necesidades de la población y no con los intereses del sector privado. Solamente una ley de ese tipo podrá garantizar el acompañamiento efectivo de las entidades estatales competentes y la creación de un marco legal que obligue a remediar y prevenir la contaminación, degradación y sobrexplotación de los recursos hídricos del municipio.
Durante los últimos trece años, que es cuando más ha arreciado la lucha por la defensa del agua, reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales han mostrado que menos del 10% de nuestros ríos y lagos son de buena calidad. Asimismo, las memorias de labores de 2006 a 2017 de ANDA indican que la explotación privada (definida por la institución como la explotación de un manto acuífero o un cuerpo de agua superficial para fines industriales, comerciales o residenciales) ha aumentado en al menos un 47%. El informe “Cambio climático en Centroamérica”, de la Cepal, estima que la disponibilidad de agua podría reducirse hasta un 93% en los próximos años.
En este contexto, que un municipio del país reconozca el agua como derecho humano y se oponga a la lógica voraz de un modelo de desarrollo que no concibe la gravedad de acabar con los recursos naturales es una luz que se enciende para iluminar la conciencia a nivel nacional. Sin embargo, parece ser que ni la fogata más grande puede aclarar la razón de los diputados y diputadas, y que aún habrá que esperar y preguntarse qué más hace falta para que salgan de su ceguera y reconozcan lo evidente: sin agua no habrá vida ni futuro para nadie.
* Violeta Martínez, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.