Una sociedad transfóbica
Editorial UCA
Gracias en especial a la ardua y sistemática lucha de muchas mujeres, hay signos alentadores de que crece la conciencia sobre la necesidad de erradicar la violencia que las acosa y mata. Los pronunciamientos, las expresiones públicas de rechazo, la judicialización de ciertos casos y la visibilización de otros son parte de esos signos. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la violencia ejercida contra las personas de la diversidad sexual. Algunos casos de feminicidio han causado gran conmoción, sobre todo cuando el victimario ha sido el compañero de vida. En contraste, ninguno de los asesinatos recientes de miembros de la comunidad LGBTI ha generado alarma social generalizada, a pesar de haber sido cometidos con lujo de barbarie. ¿Por qué no conmocionan?
La respuesta es simple y atroz: en la sociedad salvadoreña está normalizado que la discriminación, cuando no la muerte, sea la consecuencia inevitable de ser parte de la comunidad LGBTI. Incluso hay medios de comunicación empeñados, contra toda lógica, en presentar como crímenes comunes los asesinatos de homosexuales y transexuales, desligando los hechos de la orientación sexual y de la identidad de género de las víctimas. Esos medios, en el fondo, buscan posicionar la idea de que esas razones no tienen peso a la hora de explicar los asesinatos. Este discurso que busca invisibilizar la problemática es otra forma de violencia.
En El Salvador, basta con decir que una víctima de asesinato es pandillero o transexual para no indagar a fondo sobre el crimen. Las autoridades suelen compartir prejuicios sobre las identidades sexuales y de género, lo que provoca que sobre las víctimas se viertan valoraciones estereotipadas que afectan el derecho al debido proceso. Y eso explica que no existan registros oficiales de estos crímenes. Las organizaciones que defienden los derechos de la población LGBTI en el país registran más de 600 asesinatos de sus miembros desde 1993 y más de 150 solo en los últimos tres años. La inmensa mayoría de esos casos no han sido judicializados. De hecho, es muy difícil encontrar en los registros de casos resueltos de la Fiscalía General de la República uno que tenga como víctima a una persona LGBTI.
La cultura salvadoreña posiciona a los miembros de la comunidad LGBTI en los límites del orden social, ya sea mediante la muerte violenta o la nota ridiculizante en los medios de comunicación. En este contexto, siempre que se asesina a uno de ellos, toda su comunidad queda victimizada, sintiéndose vulnerable y desprotegida por la ley. Por tanto, el impacto de estos crímenes de odio va más allá de sus víctimas directas. Hay muchos factores que explican por qué hemos llegado a estos límites de inhumanidad. Los cimientos machistas en los que descansa nuestra sociedad, la cultura de la violencia y los preceptos religiosos que condenan la homosexualidad mantienen vivo e intenso el odio a la comunidad LGBTI.
Las autoridades deben reaccionar; deben no solo investigar y hacer justicia a todo delito contra personas LGBTI, sino también crear un marco jurídico que impulse el respeto e integración de la diversidad de género, y aplicar un enfoque preventivo que reduzca estos crímenes de odio. Por su parte, la ciudadanía debe tomar conciencia de que la oposición contra todo tipo de violencia incluye la ejercida contra las personas de la diversidad sexual.