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Editorial

Trabajar para el largo plazo


Imelda Jacobo / 26 noviembre 2019 / 8:01 pm

Editorial UCA

 

Seis meses después de la toma de posesión de Nayib Bukele, el Gobierno aún está en construcción. Haber prescindido de muchos funcionarios de la administración anterior por afán de ruptura con el pasado ha puesto al Gobierno en una situación singular. Se habla mucho de futuro, pero se hace poco. El Presupuesto no ha cambiado gran cosa, los recursos no han aumentado y los nuevos funcionarios tienen poco de excepcionales. La falta de experiencia fuerza a un centralismo exagerado que da poco margen de acción a los ministros. Frente a la lentitud de los Gobiernos anteriores, el actual busca dar muestras de mayor velocidad ejecutiva, especialmente cuando el presidente publica tuits, pero quedan pendientes los problemas estructurales. De momento, la prometida comisión internacional contra la impunidad no es mucho más que un cascarón vacío. El nombre de Monterrosa se borró de los muros de la brigada de San Miguel, pero el militarismo sigue en auge. Se logró capturar a la banda policial de ejecuciones extrajudiciales más numerosa y extensa de la historia reciente, pero aún sigue pendiente una reforma a fondo de la PNC, necesaria desde hace tiempo. Como en todo Gobierno, hay acciones positivas y negativas, pero da la impresión de que se no quieren tocar los problemas estructurales del país.

De la educación, un tema clave tanto para el desarrollo de nuestra población como para el futuro nacional, no se habla mucho. El Plan El Salvador Educado era muy bueno, pero sus costos muy elevados, y el Gobierno del FMLN no hizo ningún esfuerzo por implementarlo sistemáticamente. Al contrario, durante los dos años posteriores a la presentación del Plan, el presupuesto de educación se redujo. Hoy que se tiende a rechazar todo lo que provenga del Gobierno anterior, aunque haya elementos aprovechables, no se advierte un esfuerzo serio de replantearse la situación actual de la educación. La PAES arrojó este año datos interesantes, pero quienes podrían aprovecharlos en las direcciones departamentales se encuentran todavía inseguros en sus puestos. De las más de 1,200 instituciones que hicieron la PAES, cerca de 20 colegios públicos están entre las cien que obtuvieron mejores resultados. Polorós, El Sauce, Yamabal, Joateca, Potonico, Arcatao y Anamorós, zonas muy rurales en departamentos pobres, tienen institutos con excelentes resultados.

Retomar la experiencia educativa de estos institutos para replicarla en toda la zona rural del país debería ser una decisión urgente. Cuando comenzó el Gobierno de Sánchez Cerén, mucho antes de que se presentara el Plan El Salvador Educado, el ministro de Educación decía que para tener en buenas condiciones la infraestructura física de todas las escuelas e institutos públicos se necesitaban 600 millones de dólares. Dado el monto del presupuesto para educación durante los cinco años del Gobierno pasado, difícilmente se destinó más del 25% de esa cantidad para emprender los arreglos necesarios. Por ello, los institutos rurales que consiguieron que sus alumnos obtuvieran excelentes calificaciones en la PAES tienen un enorme mérito.

Durante la última campaña electoral, todos los candidatos a la presidencia asumieron un excelente plan de inversión en la primera infancia presentado por Unicef. Sin embargo, hasta la fecha, no hay signos de avance en la implementación de dicho plan. Da la impresión que este Gobierno en construcción busca impresionar con medidas inmediatas (algunas de ellas, buenas) antes que trabajar en esas deudas del pasado llamadas injusticias estructurales. Además de profundizar en el trabajo educativo, el Gobierno de Bukele debería haber iniciado una discusión seria sobre una reforma fiscal, sobre una regulación adecuada del transporte público, sobre un sistema de salud desigual y plagado de ineficiencias, y sobre un sistema de pensiones deficiente y pensado solamente para una cuarta parte de la población. En sus seis meses de gestión, el Gobierno se ha concentrado en reducir los homicidios a través de un aumento de la presencia policial y militar en el territorio. Por supuesto, es prioritario que desciendan los asesinatos, pero las causas estructurales de los mismos continúan presentes. Trabajar para el largo plazo, con miras a una justicia intergeneracional, continúa siendo una tarea demasiado desatendida en El Salvador.

 

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