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Opinión

Miedo a la verdad


Imelda Jacobo / 22 noviembre 2019 / 12:28 pm

La orden presidencial de investigar un supuesto fraude en una compra-venta de armas desvela aspectos interesantes. Las partes implicadas en la transacción son el Ministerio de Defensa y el comercio de armas de fuego del dirigente de Arena. El presidente ha ordenado al ministro investigar la operación y este, como era de esperar, respondió diligentemente. La orden parece obedecer más a una vendetta personal de carácter político, sin descartar por ello la posibilidad del fraude. La orden incluye a otro alto dirigente de Arena, también comerciante de armas y antiguo director de la Policía. Sin embargo, mientras no se demuestre lo contrario, el Ejército habría quedado satisfecho con la compra. En consecuencia, si hay corrupción, no solo hay que investigar al proveedor del armamento, sino también al Ejército que lo recibió.

El incidente revela que el Ejército adquiere armamento innecesario con unos fondos públicos escasos. En este caso, adquirió obuses que no ha podido ni podrá utilizar, porque no tiene dinero para adquirir la munición, que está fuera de sus posibilidades económicas. Desde la perspectiva militar, es muy dudoso qué utilidad pueda tener semejante equipo en el actual contexto internacional. La adquisición de los obuses está protegida por el secreto militar. Pero dado que fueron comprados a Israel, sería muy extraño que el mercado de armamentos, los especialistas en estos temas y sus publicaciones, y las potencias no supieran exactamente qué es lo que el país adquirió. Dicho de otra manera, lo saben los interesados de fuera del país, pero no la sociedad salvadoreña, que lo pagó con sus impuestos.

Este secretismo militar es una ridiculez; pero, desde la perspectiva nacional, es muy útil, porque esconde del escrutinio público la gestión del armamento militar. En este caso, dado el interés presidencial, es probable que el secreto proteja una intermediación que se habría llevado una gruesa comisión, y tal vez, un soborno para aceitar la operación. Dada la mentalidad militar, el intermediario no debió esforzarse mucho para convencer a unos oficiales amantes de juguetes caros, aun cuando no puedan utilizarlos.

La denuncia presidencial evidencia, una vez más, cómo los Gobiernos se valen del secreto para ocultar arbitrariedades, ilegalidades y delitos. Es práctica bastante común que los funcionarios escondan de manera antojadiza decisiones concernientes al bien común para evitar la crítica, la denuncia y, en último término, la justicia. Justamente en estos días, el ministro de Defensa ha justificado su presupuesto diciendo que su finalidad es “fortalecer la política de defensa”, esto es, “mejorar las capacidades estratégicas de la soberanía nacional y garantizar la integridad del territorio”. Una cuidada fórmula, que admite cualquier gasto. La orden presidencial, si tiene fundamento en los hechos, pone de manifiesto la peligrosidad de la autonomía de los militares, que rechazan los controles independientes con la excusa del secreto. No existen razones para pensar que en unas estructuras gubernamentales acostumbradas a la ilegalidad y la corrupción, el Ejército está libre de ellas.

Por otra parte, el último presidente de la Asamblea Legislativa ha señalado con gran acierto que la ley de justicia transicional ha tropezado con el obstáculo de querer enviar a la cárcel a los criminales de guerra, algo que Arena y sus socios no pueden tolerar. De esa manera, el expresidente ha reconocido implícitamente que los militares y los políticos que defienden son culpables de dichos crímenes. Sin embargo, ese no es el verdadero obstáculo, porque la justicia transicional, bien entendida, no busca en directo la cárcel del asesino, sino la verdad y la justicia. Y luego, si es posible, el perdón.

El verdadero miedo de los protegidos de Arena y sus socios no es, pues, la cárcel, sino la verdad. La exposición del crimen de guerra y sus responsables ante la opinión pública les resulta insoportable. Sería el final de la imagen, cuidadosamente construida y mantenida durante décadas, de ser los defensores por antonomasia de la patria, la libertad y la religión. Por eso el empeño de los diputados de mantener cautiva la verdad. Necesitan más tiempo, porque aún no han dado con la fórmula para legislar la mentira y la impunidad. Las víctimas y las organizaciones que las representan no les han dado cuartel. Si no aceptan la inexorabilidad de la verdad y la justicia, siempre les faltará tiempo para elaborar y aprobar la ley.

Los militares son muy celosos de su autonomía y del sigilo militar. Pero en los tiempos que corren, casi nada es secreto, en sentido estricto. La materia no lo amerita y, en cualquier caso, los entendidos lo descubren con relativa facilidad. No lo hay en Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Alemania. El secreto funciona de cara a la opinión pública nacional. El misterio y la independencia militar son utilizados para ocultar actividades, al menos, sospechosas. Pese a la orden y a la diligente respuesta, está por verse si el presidente Bukele posee la voluntad política y el arrojo para abrir una brecha en el muro, hasta ahora impenetrable, tras el cual se parapetan los militares. De aquí a cuestionar la necesidad real del Ejército no hay más que un paso.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

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