Suspenden por segunda vez la audiencia preliminar del caso de la agente Carla Ayala a petición de la defensa
La audiencia preliminar en el caso de la agente de la Policía Nacional Civil, Carla Ayala, se suspendió debido a que tres de los abogados defensores argumentaron que el juzgado no les notificó que Fiscalía había presentado dictamen de acusación. Al no ser notificados no pudieron presentar elementos de prueba y se les violó el derecho de defensa.
El argumento bastó para que el Juzgado Especializado para una Vida libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres decidiera por segunda ocasión suspender la audiencia y cambiar la fecha para el 27 de Noviembre a las 8:30 de la mañana.
El abogado defensor Luis Cervellón aseguró que el juzgado violentó el Código Procesal Penal al no notificarles, ya que “cuando se presenta un dictamen de acusación de conformidad al artículo 357 del Código Procesal Penal le corresponde al juez intimar a la contraparte, en ese caso la acusación la presenta Fiscalía y notifica a la parte defensora que vaya a ver el dictamen de acusación y se le dan 5 días para que se conteste. En ese sentido no nos notificaron a varios defensores”, dijo Cervellón.
El abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Idhuca, querellante en el caso, Arnau Baulenas lamentó que a dos años el caso de la agente no avance. Espera que la jueza resuelva finalmente mandar a vista publica a los imputados. Según Baulenas hay suficientes elementos de prueba.
Además considera que un caso emblemático como el de Carla Ayala puede servir no solo para hacer justicia a la familia sino también para que “la gente confíe en el sistema y sea una muestra para que las víctimas de violencia machista acudan a los tribunales”, dijo Baulenas.
Juan Josué Castillo Alias “Samurai” tiene que responder por el delito de femicidio agravado, por ser el principal sospechoso de haber cometido el asesinato. Al resto de policías la Fiscalía los acusa de incumplimiento de deberes y feminicidio agravado en modalidad de omisión por comisión y los dos civiles, el hermano y cuñado de Castillo, por el delito de encubrimiento.
La Fiscalía asegura contar con pruebas de todo tipo para incriminar a las 14 personas involucradas en el caso, entre ellas 12 policías del ex Grupo de Reacción policial, GRP. “Tenemos prueba documental, testimonial y científica, como la localización de las osamentas en un terreno de la familia de Josué Castillo”, dijo el fiscal del caso.
Según la Fiscalía, la Policía sabe que existe una alerta roja y una orden judicial de captura para Juan Josué Castillo; sin embargo, a casi dos años del asesinato la Policía sigue sin localizarlo.