Por Dánae Rivadeneyra, desde la frontera entre Perú y Ecuador
Desde que Perú y Ecuador impusieron sus respectivas visas humanitarias, el CEBAF se ha convertido en una suerte de campamento para migrantes venezolanos. Anteriormente, éste era solo un espacio de tránsito para el control migratorio que separaba a ambos países; hoy, ante políticas cada vez más restrictivas, las avenidas del CEBAF se han visto pobladas de carpas improvisadas hechas de toallas o de colchas, familias enteras aprovechan cada espacio de sombra para cobijarse de las altas temperaturas que pueden llegar hasta a los 42 grados.
En este espacio, que no es Perú ni Ecuador formalmente, viven actualmente unas 110 personas, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En el momento mas álgido del flujo, llegaron a vivir más de 400 venezolanos. La mayoría son solicitantes de refugio, otros, sin embargo, cuentan con PTP (Permiso Temporal de Residencia) o incluso con la visa humanitaria, pero tuvieron la mala suerte de caer entre dos legislaciones.
A más leyes, más migración irregular y menos refugio
Perú acoge alrededor de 900.000 venezolanos, lo que lo convierte en el segundo destino de la región después de Colombia, y en el primer país con el mayor número de solicitudes de refugio: 288.000, según ACNUR. Ante esta situación y tras una inicial política de puertas abiertas, el gobierno peruano ha buscado frenar a como dé lugar la migración venezolana.
“El imponer el visado tiene un efecto: muchas veces hace que las personas no dejen de entrar sino que lo hacen de manera irregular. Muchas personas ahora entran por trocha, pagando a traficantes de personas. Están expuestos a la trata de personas. La gente no deja de entrar, solo que entra de manera irregular”, denuncia Michelle Pazmiño de la OIM Tumbes.
Estas nuevas regulaciones también han hecho que procedimientos como el de solicitar refugio sean cada vez más complicados. Antes, el proceso duraba unos 15 días y el solicitante podía esperar dentro del país; hoy, puede tardar más de 50 días y el migrante debe aguardar la respuesta en este limbo entre Perú y Ecuador. La razón para esta demora es de lo más simple: falta de personal.
“Imagínate tener dos oficiales de elegibilidad que hacen estas entrevistas y calificaciones, y tener en total 280.000 solicitudes de refugio. Teníamos nueve personas antes, pero en un lapso corto la gente se fue y hemos estado sólo con dos hasta hace pocas semanas. Nuestra capacidad de respuesta estaba absolutamente limitada.” – explica la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Especial para los Refugiados – CEPR.
Si bien hoy ya son 18 oficiales de elegibilidad los que trabajan en la CEPR, la relación entre el número de examinadores y la cantidad de solicitudes, 280.000, sigue siendo abismal. Así, solicitudes de refugio como las de Mariana Hinojosa – de 16 años y con un bebé que llegó a los 23 días y hoy está por cumplir los tres meses- llevan más casi dos meses a la espera de respuesta.
En el CEBAF, todos conocen al hijo de Mariana. Lo llaman “el bebé cianótico” porque hace unas semanas se puso azul después de convulsionar. Hoy ya no tose, “tiene diarrea hace un mes, pero el médico me ha dicho que es por la suciedad del ambiente” dice con resignación Mariana.
La lucha por un sello
En el CEBAF, también están atrapados los que reúnen todas las condiciones exigidas por Perú. Gabriela Villamizar es el caso más explícito de cómo estas normativas dejan en un vacío legal a los migrantes: toda su familia tramitó la visa humanitaria peruana, pero no contó con los cambios migratorios de Ecuador.
“Lo que me falta es el sello de Ecuador, pero es que en Ecuador no nos quisieron sellar. A mucha gente que está aquí Ecuador no les ha querido sellar y ahora nos encontramos así. No me puedo ir para atrás ni para adelante.” – afirma Gabriela quien también cuenta con lo que se llama “arraigo familiar”, su hermana trabaja como enfermera en Perú y su carné de extranjería ya está en trámite.
Según OIM, el 68% de los venezolanos que ha llegado al CEBAF lo ha hecho de manera irregular. Fuentes de organismos internacionales nos explican que la negativa de sellar los pasaportes es una práctica de Ecuador y se enmarcaría en un acuerdo binacional con Perú que, a su vez, se habría comprometido a no permitir el ingreso a nadie que no tenga el sello de entrada a Ecuador así cuente con todos los requisitos.
El caso de Gabriela llama también la atención pues su familia entra en los criterios de excepciones que hasta hace unas semanas Perú aplicaba: su hijo de 9 años ha sufrido dos parálisis faciales y su hija de 6 años sufre de hepatitis C.
“La señora de la CEPR me ha dicho que me regrese con toda mi familia, imagínese, cómo me va a decir eso, y que entre por Leticia (frontera entre Colombia y Perú)”, explica Gabriela.
La Secretaría Ejecutiva de la CEPR se defiende y afirma que ellos tienen “absolutamente prohibido dar una indicación similar a esa” y que todo “obedecería a un teléfono malogrado”.
Sin embargo, así las cosas, a los migrantes venezolanos que quieren entrar de manera regular al Perú, sólo les queda esperar, esperar y esperar, o tomar el camino más fácil y recurrir a los ya famosos coyotes arriesgando sus vidas.