Tentación autocrática
Rodolfo Cardenal*
Casa Presidencial debiera ser más comedida. Declarar secreto el informe técnico que justifica la eliminación de cinco secretarías y centenares de empleos, con el argumento de que su difusión pondría en riesgo “los procedimientos administrativos para lograr los resultados de las estrategias estatales”, no es muy político. El embargo impuesto se extiende por un máximo de siete años, esto es, va más allá del mandato presidencial. La argumentación, como ya parece ser costumbre presidencial, es retorcida. Invocar presuntos procesos administrativos para garantizar estrategias estatales desconocidas no tiene sentido. El razonamiento complementario que alega que la mayoría de despedidos fue contratada por ser militante o familiar de la dirigencia del FMLN es débil. Algunos así consiguieron la plaza, pero no la generalidad. En cualquier caso, independientemente de cómo fueron contratados, muchos de los despedidos tenían derechos adquiridos, pues estaban contratados por la llamada ley de salarios; derechos que no han sido respetados. El informe técnico podría aclarar esa irregular manera de proceder y acallaría la polémica sobre la decisión presidencial. Si el cierre de las dependencias y los despidos está justificado, no hay razón para ocultar dicho informe.
Esta decisión presidencial es similar a la del alcalde de Santa Tecla, que ha escondido el contrato por el cual privatizó la recolección de la basura, y a la de los presidentes anteriores, que se negaron a dar cuentas de la llamada partida secreta. El director de la Oficina de Inteligencia del Estado desatendió tres citaciones legislativas con el mismo argumento del secreto. En todos los casos, las explicaciones dadas carecen de lógica; son intentos de justificar lo injustificable. Por tanto, mientras no medie una clarificación convincente, es razonable presuponer que esos secretos esconden acciones inconfesables. Invocar el privilegio del secreto para ocultar información que concierne al bien común y, por tanto, es de interés público, violenta uno de los principios básicos del Estado de derecho y socaba la institucionalidad democrática. En realidad, exceptuando un reducido ámbito, todo lo demás debiera ser del conocimiento público.
Justificarse diciendo que el pueblo está mayoritariamente de acuerdo con los despidos de Casa Presidencial es insuficiente y peligroso, porque la institucionalidad establece procedimientos para garantizar los derechos ciudadanos (en este caso, de trabajadores públicos) y porque no respetarlos es promover el linchamiento. Casa Presidencial pretende enderezar una presunta injusticia con una injusticia real. Contratar sin llenar los requisitos exigidos es norma establecida por la costumbre, ya que el Estado es entendido como un lugar ideal para prosperar sin mucho esfuerzo. El mejor ejemplo es la muchedumbre de asesores de la que se rodean unos diputados que no por eso legislan ilustrada y oportunamente. Casa Presidencial no ha logrado superar este vicio. Mientras, por un lado, despedía a centenares; por el otro, contrató una cantidad similar. Probablemente, con el mismo criterio: la lealtad al nuevo inquilino.
No es extraño, entonces, que El Salvador no haya alcanzado los estándares estadounidenses mínimos en erradicación de la corrupción, eficacia gubernamental y Estado de derecho. Los tres ámbitos están estrechamente relacionados y los tres se ve mermados por el secreto, el disimulo y el anonimato para esconder torpezas. Si bien la evaluación comprende el último semestre del último Gobierno del FMLN, el actual no se ha distinguido por revertir las tendencias heredadas. La información que difunde es cuidadosamente seleccionada y los silencios son elocuentes. Casa Presidencial debiera ser más cautelosa. Construye su identidad marcando distancias de Arena y del FMLN, adversarios que aborrece, pero tiende a actuar como ellos.
El denominador común es el poder. El FMLN llegó a la presidencia del poder ejecutivo con la pretensión de hacer un gobierno del “buen vivir” para la gente y, por tanto, totalmente contrario a Arena. Bukele y Nuevas Ideas han arribado al mismo sitio para gestionar el Estado de una forma diferente a sus predecesores. Pero los hechos muestran, quizás muy a su pesar, muchas prácticas similares. El desafío consiste en vencer la tentación autocrática, difícil de evitar, porque el poder seduce de manera casi irresistible y porque la secular debilidad institucional empuja en esa dirección. Además de los déficits señalados, Estados Unidos observa insuficiente protección de los recursos naturales, baja tasa de inmunización y un índice insatisfactorio de educación media femenina. Todos estos indicadores negativos, de los cuales Casa Presidencial no habla, muestran que gobernar es mucho más que el control territorial y el descenso de los homicidios.
* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.