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Organizaciones de la sociedad civil condenan la impunidad de la Cámara Primero de lo Penal en caso del magistrado Escalante


Ramón Padilla / 08 noviembre 2019 / 11:51 am

Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y juventud y la Mesa de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 rechazan la resolución del proceso judicial en contra del magistrado Jaime Escalante.

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud y la Igualdad de Genero repudia la resolución de la Cámara Primero de lo Penal de San Salvador, en el proceso judicial en contra del magistrado Jaime Escalante, por el delito de agresiones sexuales en contra de una niña de 10 años.

Las representantes de las organizaciones exigen a las diversas instancias del Estado que se realice una profunda revisión a aquellas resoluciones que favorezcan la impunidad y la violencia institucional.

“Una revisión profunda de las expresiones de las diversas expresiones de violencia en contra de las mujeres y las niñas, como la inmunidad, fuero, inviolabilidad o amnistía fundamentos sesgados que sólo favorecen la impunidad y son una expresión de la violencia institucional. Al Sistema de Justicia, identificar las diferentes fuentes de protección que impiden el acceso a la justicia para las niñas y las mujeres, especialmente aquellos mecanismos internos de selección, depuración y disciplinarios por violaciones a derechos humanos de las mujeres, pero también negligencia en la competencia de aplicar los estándares de derechos humanos y pronunciarse sobre la tolerancia de estas prácticas desde su interior. A la Fiscalía General de la República para que en el plazo legal presente el recurso correspondiente a las autoridades judiciales y administrativas competentes”, explicó Isabel Fabiola de las Mélidas.

La representante de las Mélidas también explicó que es fundamental actuar con la debida diligencia en atención al principio del interés superior de la menor, establecido en la Constitución de la República e instrumentos internacionales de Derechos Humanos como la Convención sobre los Derechos de las Niñas y el Niño (LEPINA). También hizo el llamado a la Asamblea Legislativa a hacer revisión de la legislación que dé sustento a la vigilancia de la administración de justicia.

Por su parte, Patricia Portillo expresó que las estadísticas del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en el año 2018 reflejan que se cometieron alrededor de 4 mil 304 denuncias con casos de abuso sexual, estupro, violación de menor incapaz y otros.

“Esto va alrededor de 12 casos diarios de niñas y adolescentes que han sido abusadas… Este tipo de resoluciones es algo muy grave, esto quiere decir que se está enviando un mensaje negativo y un mensaje de impunidad a todos los agresores”, afirmó Patricia Portillo de Ormusa.

La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia establece que la interpretación, aplicación e integración de toda norma y la toma de decisiones judiciales y administrativas es obligatorio asegurar el desarrollo integral y el disfrute de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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