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Editorial

Las cosas por su nombre


Imelda Jacobo / 01 noviembre 2019 / 3:59 pm

Editorial UCA

El anuncio sobre la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cerca de 200 mil salvadoreños que viven en Estados Unidos ha sido muy bien recibido, especialmente por los beneficiarios y sus familias, pues les da un respiro temporal. Dilucidar las razones y los alcances reales de la prórroga es asunto de especialistas en materia migratoria. Sin embargo, ya sea que la decisión del Gobierno estadounidense se deba a la lealtad mostrada por la administración de Nayib Bukele, o a las demandas pendientes de resolución, o a la presión de la Alianza TPS y las organizaciones defensoras de los migrantes en el país del norte, los efectos prácticos para las familias son los mismos. Los tepesianos gozarán de unos meses de tranquilidad legal y laboral, con todo lo que eso conlleva, y podrán profundizar su lucha en el Congreso por lograr una solución definitiva a su estatus migratorio.

Lo más importante del anuncio es, pues, su dimensión humana. Si se rodeó pronto de polémica acá en el país fue por la manera en que el Gobierno de Bukele lo manejó; un manejo que tuvo por único objetivo, como ya es costumbre, favorecer la imagen del presidente. Usualmente, este tipo de anuncio lo dan las autoridades estadounidenses desde su país, pero esta vez la noticia la comunicó por redes sociales el embajador de Estados Unidos en El Salvador, en compañía de Bukele. Algunos analistas no quieren reconocer que esta decisión del Gobierno de Trump puede deberse, en gran medida, a las acciones de su contraparte salvadoreña, que tiene por filosofía no morder la mano de quien considera que le da de comer. Ciertamente, como esos analistas señalan, un factor que no ha permitido cancelar definitivamente el TPS es el conjunto de demandas en tribunales estadounidenses, como quedó evidenciado en octubre del año pasado cuando una medida cautelar de la corte de San Francisco, California, alargó la vigencia de los efectos legales del Estatus.

Pero difícilmente no ha pesado que el gobierno de Bukele, buscando congraciarse con Estados Unidos, haya cedido a la política antiinmigrante de Trump, que incluye, entre otras cosas, la creación de una patrulla fronteriza salvadoreña y la declaración de El Salvador como tercer país seguro. Es decir, no puede descartarse que el anuncio sea un reconocimiento a Bukele por realizar bien la tarea impuesta por un mandatario racista y xenófobo. Por otra parte, es necesario señalar que, en términos estrictamente legales, no se ha extendido ni renovado el TPS. Este sigue cancelado. La medida más bien les da más tiempo a sus beneficiarios para que se preparen para retornar, tal como como reza un comunicado posterior del Departamento de Seguridad Nacional. Más allá del triunfalismo y los juegos de palabras del Gobierno salvadoreño, no hay que engañarse a este respecto.

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