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Opinión

Aclaración


Imelda Jacobo / 23 octubre 2019 / 10:16 am

A través de un escrito, Luis Enrique Salazar Flores, ciudadano salvadoreño, candidato en el recientemente concluido proceso de elección de Procurador para la Defensa de

los Derechos Humanos.

Se refiere a nota aparecida en la sección de Opinión de la página web YSUCA, 91.7 FM, cuya autoría corresponde al señor Wilson Sandoval, graduado de la UCA de la Maestría en Ciencia Política, con el título:  Un procurador para el pueblo, y que según la información que aparece en la propia publicación, la misma se hizo con fecha 16 octubre de  2019, a la 1:35 pm, y que ha sido transmitida en el prestigioso medio de comunicación radial que Usted dirige. En ambos formatos, escrito y audio, se hace relación a mi persona en los siguientes términos:

Un segundo aspecto es la idoneidad de los candidatos. Pese a que la Constitución establece la moralidad notoria como requisito para ocupar el cargo de procurador, los candidatos que más parecen agradar a los diputados están lejos de llevar una vida que refleje ética y moral. Por ejemplo, uno de los favoritos del FMLN, el abogado Luis Salazar Flores, tiene un expediente penal activo por el delito de estafa;…(continúa la nota)

Ante lo publicado, y según lo dispuesto en la Ley especial del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta, aclaro y rectifico según el tenor de los siguientes párrafos:

Mi persona y ocho personas más, somos copropietarios de un inmueble que se convirtió en lotificación, actualmente se están honrando ventas verbales previas a nuestra condición de herederos y se han iniciado los procesos de escrituración.

Si bien soy dueño de un derecho proindiviso del inmueble, no tengo ninguna relación con los contratos de arrendamiento con promesa de venta que fueron suscritos y firmados por una persona diferente a los nueve propietarios, y sin ningún tipo de autorización para suscribir dichos documentos, y que es por lo que se ha denunciado una estafa, la denuncia está interpuesta contra nosotros desde el año 2015 pues somos quienes aparecemos en el Registro de la Propiedad acreditados como propietarios, y que desde dicho año a la fecha no se haya aclarado dicha situación por la Fiscalía General de la República, no nos hace más que una de las tantas víctimas de dicha institución que mantiene a personas en sus expedientes activas sin preocuparse por mandar al archivo situaciones que no pueden ser probadas.

En la documentación que presenté a la Asamblea Legislativa para desvanecer dicho señalamiento y que fue oportunamente valorado por la respectiva Subcomisión que se integró para llevar adelante el proceso de selección, consta que mi condición como propietario es minoritaria, y que nunca he estado relacionado directamente con la administración de los bienes familiares, ni mucho menos con negociaciones con terceras personas.

En este momento, un equipo de abogados que atiende la cuestión está regularizando la lotificación y desvaneciendo con ello la denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Conocedor de la vocación democrática de tan prestigioso medio de comunicación, le solicito sus gestiones para que se proceda a publicar las aclaraciones hechas de mi parte, en un espacio similar al que aparecieron en las versiones escrita, radial y digital, y en las redes sociales en las que se hizo mención.

Anticipadamente agradezco la atención y gestiones que tenga la presente nota,

 

Atentamente,

 

Luis Enrique Salazar Flores.

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