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Editorial

Contra el bien común


Imelda Jacobo / 22 octubre 2019 / 4:01 pm

Editorial UCA

En sí mismo, el interés privado no es malo, pero, incluso en las empresas, debe equilibrarse con el bien común. Si ello es necesario en cualquier sector vinculado al mercado (sean bancos, industrias o servicios) para conseguir una convivencia social armónica y pacífica, resulta imprescindible en la política. Sin embargo, desde que se instaló la Asamblea Legislativa actual, en el primer semestre de 2018, los diputados exhiben una tendencia exagerada a hacer primar el bien privado sobre el público. Por ello, esta Asamblea nos muestra uno de los peores escenarios legislativos del siglo XXI. Algunos casos lo demuestran con claridad.

Obligados por la protesta ciudadana, fue sonoro y evidente el retroceso de los diputados en una ley que buscaba convertir el agua en pura mercancía. Sin embargo, siendo el derecho al agua un derecho humano básico e indispensable, los legisladores han sido incapaces de incluirlo en la Constitución, especificando que tanto para el consumo humano como para el saneamiento sea administrado estatalmente y sin afán de lucro. Otro ejemplo de conducta perniciosa y totalmente opuesta a los derechos humanos es el intento de dictar una ley de reconciliación con un contenido de fondo propio de una nueva amnistía. En su intención de aprobarla, la Asamblea aprovecha los reclamos de las víctimas y sus abogados para utilizar palabras semejantes, pero dándoles otro significado. Lo de “hecha la ley, hecha la trampa” de momento se traduce en la Asamblea en “redactando la ley, reforzando la trampa”.

A lo anterior se unen los retrasos sistemáticos y anómalos a la hora de elegir funcionarios. Luego de la independencia del anterior fiscal general, prefirieron votar por uno con claros rasgos de cercanía con el partido Arena y con nula experiencia en derecho penal. Y para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, seleccionaron a una persona cercana al FMLN, sin experiencia en defensa de derechos fundamentales y con cuatro causas pendientes, precisamente en un momento en que se perfilan violaciones a esos derechos a través de leyes en construcción.

En el caso del nuevo procurador, las protestas de la comunidad de defensores de derechos humanos han sido serias. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les ha recordado a los diputados que “el objetivo de todo proceso de selección de autoridades estatales debe basarse en sus méritos, capacidad e integridad, y conforme a los estándares internacionales a fin de asegurar su independencia”. En el nuevo procurador hay poco de lo mencionado por la Comisión. Por eso mismo, los defensores de derechos humanos deben exigirle a José Apolonio Tobar que se pronuncie sobre los proyectos de ley de reconciliación, condenado todo intento de amnistía o de normar responsabilidades penales que no sean proporcionales a los crímenes cometidos.

Tobar tiene que demostrar su independencia. En ese sentido, tiene que exigirle a la Asamblea Legislativa que cumpla los procesos y plazos establecidos para la elección de funcionarios de segundo grado. Debe exigir la rápida y adecuada redacción de una ley que garantice que el agua para consumo humano y para saneamiento sea administrada por el Estado sin afán de lucro, como corresponde a un derecho humano básico. Debe denunciar al Ejecutivo por el despido irracional y al margen de la ley de un buen número de funcionarios. Y debe pronunciarse sobre un salario mínimo que no debería bajar de 400 dólares mensuales para todos los trabajadores, independientemente del sector al que pertenecen. Si no es capaz de pronunciarse con rapidez sobre estos temas dejará en evidencia que no solo es hijo de una elección con visos de ilegalidad, sino que además carece de capacidad ética para desempeñar el cargo.

El sector público no puede dedicarse a favorecer intereses privados; la única prioridad de los funcionarios debe ser el desarrollo del bien común. En este sentido, el procurador de derechos humanos tiene la absoluta e ineludible responsabilidad de defender el bien común expresado en los derechos humanos. Hace 21 años, a finales del siglo pasado, la Asamblea Legislativa eligió a un personaje corrupto como procurador. Al igual que Tobar, era un juez con varias acusaciones pendientes. No llegó a terminar su período como procurador al demostrársele actos irrebatibles de corrupción. Ojalá no se repita la historia y el actual procurador dé muestras prontas de independencia y de compromiso con los derechos humanos.

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