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Opinión

Maras y proyecto educativo


Imelda Jacobo / 18 octubre 2019 / 7:07 pm

José María Tojeira*

Las maras o pandillas son tema de conversación frecuente, y simultáneamente un problema social y uno delictivo. El Estado hace muy poco para atender el problema social y enfrenta con serias irregularidades los problemas delictivos que se desprenden de su propia ineficiencia en el desarrollo social. La actitud cínica de los políticos, que en público las atacan pero que en privado negocian votos con sus líderes a cambio de favores, agrava todavía más la situación. La falta de control adecuado del uso y venta de armas de fuego, el fácil acceso de niños y jóvenes a drogas y alcohol, y el crecimiento urbano incontrolado que condena al hacinamiento a miles de personas, muchas de ellas sin trabajo decente, alimentan el crecimiento de las maras. A eso se suma la influencia de deportados, así como el ansia juvenil de asociarse y empoderarse frente a situaciones de marginación y descarte.

En 2018, el Comité de los Derechos del Niño, preocupado por las diferentes formas de violencia que afectan a los niños y adolescentes, recomendaba al Estado Salvadoreño lo siguiente: “Asigne los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para la aplicación efectiva del Plan Nacional de Educación y sus seis componentes, destinados a lograr escuelas libres de violencia, docentes de calidad, una mejor atención en la primera infancia, 12 grados de escolaridad, mejor educación superior y mejores infraestructuras, lo que contribuiría a garantizar el derecho de los niños y niñas a la educación y a la protección contra la violencia”. Se insistía, pues, en que un plan nacional de educación era indispensable para liberar a nuestros jóvenes de la plaga de la violencia. De hecho, el anterior Gobierno tenía el Plan El Salvador Educado, que en el papel respondía a todas estas necesidades. Se hizo un cálculo económico del costo que tendría implementarlo (por cierto, bastante alto), pero poco después se rebajó el presupuesto de educación en vez de subirlo. En otras palabras, a pesar del ambicioso Plan, la educación continuó como siempre, con todas las carencias que advertía el Comité de los Derechos del Niño.

El Gobierno actual no tiene un proyecto tan amplio y elaborado como el Plan El Salvador Educado. Da la impresión de que el Ministerio de Educación está en construcción antes que ser una institución eficiente que enfrenta y tiene un plan concreto para corregir y mejorar la situación educativa del país. Aunque el Gobierno ha tenido éxito de momento en la reducción de la violencia, lo que nos dice la historia y el conocimiento es que mientras no haya una educación adecuada, la sola represión del delito no garantiza el no resurgimiento del mismo. Al contrario, ante la represión violenta, el delito se esconde momentáneamente, para encontrar poco tiempo después formas más eficaces de golpear y de burlar los ataques. Solamente una sociedad educada y con un desarrollo básicamente solidario puede superar la violencia. Y las maras son fruto, precisamente, de esta sociedad tan dañada por plagas de corrupción, desigualdad, marginación, hambre, trabajo informal, deficiente sistema educativo y debilidad institucional.

La ONU nombró no hace mucho un representante especial del Secretario General. Entre sus muchas recomendaciones para evitar la violencia entre niños y adolescentes, aconsejaba iniciar modelos de “justicia restaurativa en las escuelas y en entornos comunitarios”. E insistía en que estos modelos “ofrecen un gran potencial para abordar los incidentes de comportamiento antisocial o las infracciones leves, lo que permitirá que los niños y los adolescentes comprendan las consecuencias de sus acciones, expresen sus sentimientos acerca de la situación y reparen el daño. Este enfoque puede evitar el contacto con el sistema formal de justicia y todas las consecuencias negativas que ello conlleva para los jóvenes, asegurando al mismo tiempo la rendición de cuentas y soluciones guiadas por la imparcialidad y la justicia”. La justicia restaurativa, tan desconocida en nuestro país, junto a la atención psicológica a jóvenes en las escuelas, sería un buen paso en el ámbito del desarrollo y la evolución hacia una cultura de paz. Por supuesto, unido a un mejoramiento de todo el sistema educativo, así como de otras políticas públicas que por sus deficiencias continúan fomentando la violencia en el país.

*José María Tojeira, director del Idhuca.

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