Luces y sombras en el tema vivienda
En 1985, Naciones Unidas declaró como Día Mundial del Hábitat el primer lunes de octubre de cada año. Adelantándose a la celebración, organizaciones e instituciones que en El Salvador trabajan por una vivienda digna realizaron diversas actividades, incluyendo una marcha multitudinaria en exigencia de que el derecho humano a la vivienda sea una realidad. Además, el pasado fin de semana estuvo en el país la relatora especial de la ONU sobre vivienda adecuada. En este contexto es pertinente y necesario reflexionar seriamente sobre el panorama para el hábitat y la vivienda en la nueva coyuntura que vive el país. En estos 4 meses del Gobierno de Nayib Bukele, hay luces y sombras sobre esta materia.
Primero, la creación del Ministerio de Vivienda, algo que las organizaciones pedían desde el año 2009, es un buen paso. El Salvador era uno de los pocos países latinoamericanos que no elevaba el tema a nivel ministerial. Ninguna de las administraciones del FMLN atendió esta demanda. Segundo, la visita de la nueva ministra, Michelle Sol, a la comunidad de El Espino, comprometiéndose a atender su demanda de vivienda, es otro signo positivo. Tercero, constituye una buena señal que se haya anunciado oficialmente el inicio del plan de vivienda cooperativa en el centro histórico de San Salvador, reanimando así un proyecto financiado por la cooperación italiana que aguardó 10 años para comenzar a ejecutarse. De llevarse a feliz término, se promoverá un modelo de gestión de proyectos habitacionales fuera del ámbito puramente mercantil.
Sin embargo, junto a estas luces se ciernen sombras. En primer lugar, según el anteproyecto del Presupuesto General, la nueva dependencia del Estado dispondrá en 2020 de un presupuesto de $12.7 millones, el más bajo entre todos los ministerios y solo ligeramente superior al de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ante esta limitación de recursos, se corre el riesgo, entonces, de que el anuncio de un cambio estructural en el tema de la vivienda se quede en eso, un simple anuncio. En segundo lugar, la ministra ha prometido dar, a través del Fondo Social para la Vivienda, tasas de interés más bajas para las familias que adquieran una casa nueva. Pero ello solo reproduce el esquema de siempre, que privilegia la compra de vivienda nueva cuando el 90% del déficit habitacional del país es cualitativo. Es decir, la prioridad debería ser atender a las comunidades, colonias, lotificaciones y asentamientos que necesitan, entre otras cosas, agua potable, redes para aguas servidas, obras de protección y espacios para la vida comunitaria, como parques, canchas y escuelas.
En tercer lugar, es escandaloso que el Fondo Social para la Vivienda haya aumentado su límite de financiamiento para viviendas nuevas a $150 mil. ¿Cuántas familias salvadoreñas tienen los ingresos necesarios para calificar a un crédito por ese monto? ¿A quiénes se está financiando con dineros públicos? Finalmente, aunque el gesto con la comunidad de El Espino es positivo, hay muchas otras personas en situación de desalojo y precariedad en el área metropolitana del gran San Salvador; por ejemplo, los habitantes de las comunidades La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, y La Cruz, en Santa Tecla. Personas que también necesitan que se cumpla la obligación constitucional de facilitarles condiciones de vivienda digna.
Resolver o comenzar a resolver el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda es el primer paso para saldar muchas otras deudas sociales, como la integración familiar, las condiciones de salubridad y la autoestima de la gente. Si no lo hace por su cuenta, será necesario presionar al Gobierno para que se tome en serio el tema. En esta línea, indigna que la administración anterior haya tenido en sus manos desde 2015 el anteproyecto de ley de vivienda y hábitat, sin nunca promoverlo, y que hoy los diputados del FMLN le den iniciativa de ley a esa propuesta, que fue facilitada por la UCA y validada colectivamente por organizaciones de pobladores, instituciones del Estado, organismos internacionales, representantes de la empresa privada e instituciones que luchan por la vivienda digna. No se entiende por qué no se respaldó la propuesta cuando se tuvo el poder de ejecutarla y se le apoya ahora, cuando ya no lo tienen. Haría bien el Gobierno de Bukele en evitar ese tipo de absurdos, que solo dañan a la población más necesitada.