Defensor del pueblo
La defensa de los derechos humanos es de vital importancia, en especial para una sociedad que transita hacia el fortalecimiento de su sistema democrático y el pleno respeto a la dignidad de las personas. Por ello, no fue un capricho que los Acuerdos de Paz crearán en el país la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y que esta quedara plasmada en nuestra Constitución. La Procuraduría es una institución fundamental para que todos los ciudadanos gocen de sus derechos, y por eso en algunas naciones a su titular se le llama “defensor del pueblo”.
En El Salvador, un país en el que predominan visiones antidemocráticas y totalitarias, en el que sin dificultad se categoriza y discrimina a las personas, es esencial contar con un buen procurador de derechos humanos. Por desgracia, esa tarea recae en la Asamblea Legislativa, y es de sobra conocida la posición de los partidos políticos sobre los derechos humanos; una posición que queda clara en las decisiones que toman en su quehacer legislativo, en el modo en que han gobernado, en el lenguaje de sus símbolos partidarios, en el comportamiento y estilo de vida de sus representantes y militantes.
Son muchos los ejemplos de la despreocupación, incluso desprecio, de los diputados por los derechos humanos: una propuesta de ley de reconciliación que en realidad busca proteger a criminales de guerra y de lesa humanidad; la insistencia en incrementar las penas como medio para controlar el delito; la incorporación en la legislación ordinaria de las medidas extraordinarias para los centros penales, evitando así que el sistema cumpla con su función de rehabilitar a las personas que han delinquido; la falta de una normativa que posibilite la búsqueda efectiva de los desaparecidos o la protección de quienes sufren desplazamiento forzoso.
No extraña, entonces, la incapacidad de la Asamblea Legislativa de elegir a tiempo y en forma a la persona que debe liderar la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuyas responsabilidades son clave para la salud democrática del país: entre otras, velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos; investigar los casos de violación a los mismos; asistir a las víctimas; monitorear la situación de los privados de libertad; emitir opinión sobre proyectos de leyes que afecten el ejercicio de los derechos humanos, y promover y proponer medidas a fin de prevenir su violación; desarrollar un programa permanente de actividades de promoción sobre el conocimiento y respeto de los derechos humanos.
Lo que los partidos representados en la Asamblea Legislativa buscan no es al candidato a procurador más capaz y mejor preparado, alguien que haya mostrado verdadero compromiso con la defensa de los derechos de todos los salvadoreños, que no dude en denunciar y oponerse a los abusos de las autoridades y las élites. Lo que buscan es una persona que los defienda, que avale todas sus propuestas de ley, que no se oponga a la impunidad de los criminales de guerra y haga la vista gorda ante la violación de los derechos humanos de grupos y colectivos usualmente discriminados y perseguidos. Es decir, quieren a un procurador que no procure ni defienda los derechos humanos; quieren dejar indefenso al pueblo salvadoreño.