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Combate a la corrupción y una política social regional entre los retos para la integración centroamericana, señalan expertos


Kenia Gomez / 11 septiembre 2019 / 4:31 pm

Foto: Cortesía Joksan Flores, Radio Progreso

 

En el segundo día del Seminario Centroamericano de Análisis de la Realidad de la Comisión Provincial de Apostolado Social de la Compañía de Jesús se abordó el tema de la integración centroamericana y los retos para los países.

Integrar a Centroamérica pasa por redefinir el papel del Estado, señaló el analista político y ex diplomático Rubén Zamora. “Pasa por priorizar la protección del medio ambiente, sobre la explotación de los recursos y por la calidad empresarial, más que la protección a los empresarios. Pero, además, por crear una política social en conjunto”, afirmó Zamora.

Pero ante el panorama del país, el analista tiene dudas sobre si el nuevo gobierno esta pensando en estos temas. “A uno le entra un poco de duda sobre la seriedad de cómo enfrentar los problemas del país. Yo no veo claridad en cual es la  estrategia económica de este gobierno, más bien éstos primeros 100 días lo que han mostrado es un presidente con manejo de medios.  Ya anunció en twitter lo del ferrocarril, no tienen ni el primer estudio de lo complicadísimos y carísimo que va a ser eso”, dijo Zamora.

Otro reto a nivel centroamericano es el combate de la corrupción. En este tema, Claudia Paz y Paz, ex fiscal de Guatemala, lamentó que entre los países se hagan pactos de impunidad, refiriéndose al caso especifico del ex presidente salvadoreño Mauricio Funes y el apoyo brindado por Nicaragua.

Según Paz y Paz, este tipo de casos de corrupción se dan ante la debilidad de las instituciones de justicia: “Sobre todo por la debilidad de las Fiscalías y las instituciones de justicia y no es una debilidad casual. No es que no hemos encontrado como ciudadanos la manera de fortalecer la independencia judicial, es una debilidad buscada precisamente para garantizarse la impunidad”.

Los países de Centroamérica también comparten las constantes violaciones a los derechos humanos. Al querer combatir los problemas de inseguridad ocurren ejecuciones extrajudiciales, señala Claudia Paz y Paz. Un caso conocido y repudiado a nivel internacional es Nicaragua donde “fue clara la participación de fuerzas de seguridad”. En El Salvador el reciente informe de la relatora contra ejecuciones extrajudiciales también da cuanta de “cómo en esta llamada de lucha contra la delincuencia y guerra contra las pandillas a lo que se recurrió fue a las ejecuciones extrajudiciales”, señaló la ex fiscal guatemalteca.

Comunidades de Guatemala se resisten a la minería

Durante el Seminario Centroamericano de Análisis de la Realidad de la Comisión Provincial de la Compañía de Jesús también hubo  testimonios sobre desplazamientos forzados en El Salvador, violencia política en Nicaragua y sobre extractivismo en Guapinol, Honduras, y la Puya, en Guatemala.

Sobre el extractivismo, Sara Catalán, de San José del Golfo de Guatemala, compartió su testimonio sobre la  lucha que llevan algunas comunidades de ese país contra la minería metálica.

Catalán pertenece a la “Resistencia pacífica “La Puya” y cuenta cómo los antimotines han ejercido la fuerza contra los habitantes que lo único que buscan es proteger a sus familias de los efectos de la minería. “Vivimos en un corredor seco, estamos muy escasos de agua, la minería acabaría con nosotros.  Hemos tenido una represión muy grande. El 23 de mayo del 2014 fue la más grande que los antimotines nos tiraban las bombas. La empresa minera no nos consultaron, llegaron con metieras que iban a sembrar café”, narró.

En el 2012 un grupo de personas en resistencia acampó frente a la entrada del proyecto Progreso Siete Derivada, en La Puya, para defender su derecho al territorio. El proyecto había sido aprobado por el Ministerio de Energía y Minas a la empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. (Exmingua). Luego se conoció que el estudio de impacto ambiental estaba amañado.

Según Catalán, desde hace dos años la empresa minera ha detenido su trabajo debido a los procesos legales interpuestos por los habitantes las comunidades.

 

 

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