Este martes, Rosario Robles, exministra de los despachos de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue detenida al término de una audiencia de 12 horas ante un juez, quien le dictó prisión preventiva por dos meses.
Robles es acusada de haber omitido revelar un desvío de 5.875 millones de pesos (unos 300 millones de dólares) después de haber recibido varias alertas. Un caso conocido como “La Estafa Maestra” que fue revelado por una investigación periodística del medio digital Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), publicada en septiembre de 2017.
Tania Montalvo, una de las periodistas de Animal Político, explica de qué se le acusa exactamente: “La están acusando del delito de ejercicio indebido de la función pública. ¿Qué significa? Que ella supo de estos desvíos, de estas irregularidades y no lo reportó, ni hizo las gestiones correspondientes para detener el fraude”.
Según las investigaciones de la Fiscalía y de la Auditoría Superior de la Federación, el esquema de corrupción implicaría a más de una decena de dependencias federales, entre ellas los dos ministerios donde sirvió Robles, a través de la simulación de contratos con instituciones educativas.
Robles habría sabido de estos desvíos de diferentes maneras: “Por escrito, porque la misma Auditoría Superior de la Federación le avisó, porque otros funcionarios le dijeron que se estaban llevando a cabo estas irregularidades. Hay una omisión de parte de Rosario Robles, al no avisar a su superior, en este caso el presidente Enrique Peña Nieto. Y no hizo nada para detener el fraude, que derivó en un desvío de recursos públicos, y en un daño a la Hacienda pública, al dinero del Estado”, añade Montalvo.
Que se haya determinado prisión preventiva es una situación inédita, puesto que la exministra no está acusada de haber participado directamente en ese escándalo de corrupción.
“En un inicio se determinó que como se le acusa del delito de ejercicio indebido de la función pública, es un delito que no requiere prisión. Uno de los escenarios principales era que si era vinculada al proceso, si se iniciaba un juicio en su contra, no iba a seguir en libertad. Finalmente, el juez determina que ella tiene los medios suficientes para evadir a la justicia y hay un riesgo de fuga. Entonces le ordena la prisión preventiva y es trasladada al Penal de Santa Martha Acatitla”.
La ex ministra permanecerá en prisión preventiva por dos meses, el tiempo para aportar nuevos datos a la investigación, según anunció el juez mexicano. La defensa de la exfuncionaria aseguró que se trata de una persecución política contra su clienta y que cuenta con todos los recursos necesarios para demostrar su inocencia.