Un compromiso legal, ético y cristiano
Editorial UCA
12/07/2019
Acusar a las organizaciones de derechos humanos de defender delincuentes es una tradición en el país. Una muletilla de los que creen que el fuego se combate con fuego y de los que olvidan interesadamente la larga lucha de dichas organizaciones por los derechos de todas las víctimas de abuso y violencia, sin distingos. “Así como los delincuentes no respetan a nadie, tampoco se debe tener consideraciones con ellos”, dicen. Y por ese convencimiento vierten un vitriólico discurso de odio contra quienes sostienen que la ley nos protege a todos. La UCA tiene experiencia en esta materia. Durante la guerra, por llamar a una salida racional, pacífica, al conflicto, fue objeto de calumnias, amenazas, atentados y, finalmente, el asesinato de sus dirigentes y de Elba y Celina Ramos. Lo mismo sufrieron muchísimos defensores de derechos humanos.
Recientemente, diversas organizaciones y actores sociales han recibido ataques en las redes sociales por denunciar el trato inhumano, denigrante y represivo contra los privados de libertad. A los que les molestan estas denuncias no comprenden que no se defiende a los delincuentes, sino el cumplimiento de la ley. Se defiende también el respeto a tratados internacionales de derechos humanos que el Estado salvadoreño ha suscrito. En una sociedad con los insoportables niveles de violencia e inseguridad como la nuestra, la legalidad es la única vía para generar condiciones mínimas de seguridad: si la ley se suspende a conveniencia, nadie está protegido. El irrespeto a la institucionalidad y a la legalidad aumenta la percepción de impunidad y atiza la violencia.
La experiencia en diversas partes del mundo, y en nuestro país, confirma que responder a la violencia solo con más violencia, lejos de disminuirla, la profundiza. La humillación y los tratos inhumanos no son vehículos para la rehabilitación, sino para el resentimiento. Las manos duras, en sus diversas modalidades, han desencadenado una espiral creciente de violencia que ha ido deshumanizando a nuestra sociedad. Algo que se manifiesta a diario en los actos de intolerancia en el tráfico, entre vecinos, en las escuelas, en la familia, y en el creciente apoyo al ojo por ojo, la norma que de aplicarse universalmente nos dejará ciegos a todos.
Desde la doctrina cristiana, las enseñanzas de Jesús de Nazaret, quien nos manda a amar a los enemigos y perdonar hasta setenta veces siete, están a la base de la defensa de los derechos humanos de toda persona, incluso de aquellas que han cometido delitos. Es paradójico que en un país donde más del 90% de la población se confiesa cristiana los mandamientos del Hijo de Dios sean mera literatura, no se apliquen en la vida diaria. Hay que repetirlo: los derechos humanos se defienden porque están plasmados en nuestras leyes y en la legalidad internacional; porque la violencia por sí sola no solucionará el grave problema de inseguridad y criminalidad; porque es parte de la doctrina cristiana; y, en último término, porque es una exigencia ética para evitar la deshumanización.