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Redacción por RFI
En 2015, hartos de la corrupción, los guatemaltecos eligieron como presidente a Jimmy Morales. Sin embargo, el ambiente político deja en evidencia que la lucha contra la impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos cuatro años después.
“Con el apoyo de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) desde 2007, se lograron más de 300 condenas de personas por casos muy graves de criminalidad organizada, de corrupción. (…) Ha habido iniciativas legislativas que promueven la impunidad. La primera solicitud que hacemos al futuro presidente es que se restablezca la comisión porque realmente ha tenido un rol central en Guatemala”, comenta Jimena Reyes, directora para América Latina de la Federación Internacional de Derechos Humanos.
Entre los finalistas en estos comicios, algunos candidatos enfrentan acusaciones de financiación electoral ilícita, incluida la favorita, la socialdemócrata Sandra Torres.
Según Briss Milián, vocera del colectivo anticorrupción JusticiaYa, “esa misma alianza criminal que logramos ver cómo funciona en las cortes, en el sistema electoral, dentro del ejecutivo, logró manipular la elección y quedaron al final de cuentas las opciones que significarían una reelección del proyecto de impunidad”.
“Sin embargo”, añade Milián, “en el congreso y en las alcaldías, creemos que puede haber cambios porque se han generado muchos movimientos distintos y partidos pequeños en comparación con los recursos de los partidos tradicionales, así que creemos que hay una ventana de oportunidad”.
En Guatemala, dos expresidentes han sido imputados y pesan acusaciones sobre el mandatario saliente.