CRISTOSAL pide acatar sentencia de Sala de lo Constitucional y atender a víctimas de desplazamientos internos forzados

Celia Medrano, directora regional de Cristosal.

El informe “Señales  de una crisis, desplazamiento forzado interno por violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras” muestra que este fenómeno  se mantiene  en dichos países.

De más de 2 mil casos registrados en los tres países en el año 2018, 1,724 casos de desplazamientos forzados internos corresponden a El Salvador.  El 49% de las victimas dijeron que las amenazas es la principal causa que los obliga a desplazarse.

Celia Medrano de la organización regional de derechos humanos Cristosal espera que el nuevo Gobierno reconozca a las víctimas de la violencia  en condición de desplazamiento forzado, un paso que el gobierno anterior se negó de manera reiterada. Espera también que los diputados legislen tal como lo manda la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Una sentencia que venció en enero de este año y por lo que el órgano legislativo se encuentra en desacato.

Medrano dijo que la sentencia dio 6 meses para cumplir tres elementos fundamentales “el primero el reconocimiento oficial a las víctimas de violencia desplazada, el segundo el que se genere desde la Asamblea Legislativa  para atención y protección  a desplazados internos por violencia”

Según el estudio, las pandillas son los victimarios más señaladas en provocar los desplazamientos forzados internos,  seguido de agentes del Estado como policía  y el ejército.  

Según el estudio el 53.4% del total del registro de las víctimas son mujeres y el 46.6% son hombres.  Otro hallazgo relevante fue que el 47% eran niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.

Cristina Pérez asesora de Plan dijo que han identificado que “jóvenes, niños y adolescentes  están siendo acosados por las pandillas , están siendo violentados en sus derechos. Muchos casos de amenazas, extorsiones , incluso muchas familias se están desplazando por situaciones de asesinatos a sus familias”, señaló.

Según Cristosal, la responsabilidad del Estado debe ir encaminada  a crear leyes y políticas públicas a favor de las víctimas. En este punto el Vicepresidente  de la República Félix Ulloa se comprometió  a cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional.  Dijo que es necesario crear políticas que disminuya la violencia, pero que no riñan con el respeto de los derechos humanos. Aseguró que pronto el presidente y el Ministro de Justicia  anunciará medidas para combatir la delincuencia.