El decreto de Bolsonaro para portar armas divide a los brasileños
Redacción por RFI/Sarah Cozzolino
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ratificó este miércoles ciertos puntos de su decreto sobre el porte de armas en la vida pública, que fue parte de su programa de campaña. Tras críticas, esta versión del texto será menos flexible sobre la tenencia de fusiles que lo anteriormente planeado. RFI conversó con brasileños al respecto.
Imagen de referencia. Foto por Marc Schäfer/Unsplash
Los partidarios del presidente Jair Bolsonaro acogieron con agrado su ratificación este miércoles de ciertos puntos del decreto que liberaliza la tenencia de armas en su país. Partidarios como Christiano Guedes, un habitante de Río de Janeiro de 23 años, quien podrá legalmente adquirir una cuando cumpla 25. “La tasa de homicidios es enorme en Brasil y yo pienso que, si la población tiene la posibilidad de armarse, entonces la criminalidad disminuirá”, deduce.
Tras haber sido revisado, el decreto permite únicamente a los propietarios rurales adquirir fusiles y escopetas. Para Fernando Humberto Fernandes, presidente de la confederación brasileña de caza y tiro, se trata de una necesidad. “Si el bandido sabe que el hacendado tiene un arma, entonces no entrará a su casa para robar. Un arma en sí no es peligrosa cuando está entre manos ciudadanas y honestas, en cambio sí lo es cuando la tiene el bandido”, afirma.
El nuevo decreto de Bolsonaro guarda la posibilidad para determinadas categorías profesionales de tener un revolver o una pistola. Periodistas, diputados, alcaldes, abogados y una veintena de categorías tendrá ese derecho. “Me parece muy peligroso”, dice Fabricio de Oliveira, un abogado que ejerce en Río de Janeiro. “No es una buena solución para el país, prefiero defender la educación y el mejoramiento de la seguridad pública”, opina.
El martes 21 de mayo, 14 gobernadores –más de la mitad de los que dirigen los 27 unidades federativas brasileñas- publicaron una carta criticando una medida que según ellos “no contribuye a mejorar la seguridad se sus estados. En las próximas semanas, la Corte Suprema debe determinar si el decreto respeta la Constitución.