Editorial

Ciega necedad


Imelda Jacobo / 20 marzo 2019 / 2:14 pm

Editorial UCA

20/03/2019

A lo largo de la historia de El Salvador, los poderes económicos, políticos y militares dominantes se han caracterizado por su ciega necedad en defender la impunidad para sus delitos como medio para perpetuarse en el poder y mantener sus intereses particulares por encima de los intereses de la nación. Una impunidad que justifican y desean para sí, pero que no aplican al resto de la población; para quienes están fuera de sus círculos, y especialmente sin son pobres, exigen aplicar la ley de manera rigorista, sin miramientos ni contemplaciones. Por ello, al igual que hace tres décadas, sigue siendo válido lo que afirmó san Óscar Arnulfo Romero: la justicia es como la serpiente que solo muerde al que va descalzo.

Esa impunidad es de larga data, forma parte integrante de nuestra cultura. Viene desde los tiempos de la colonia, cuando la ley solo se aplicaba contra los pueblos originarios y en beneficio de los colonizadores. Continuó con el inicio de la República y se ha mantenido hasta la fecha. Ejemplo de ella son las masacres contra los pueblos originarios, que prácticamente los llevaron a la desaparición: la cometida en 1833 en los Nonualcos y la de 1932 en Los Izalcos, en las que fueron impunemente asesinados decenas de miles de personas, constituyendo verdaderos genocidios étnicos. Igual de impunes han quedado los innumerables crímenes perpetrados por las dictaduras militares, desde Maximiliano Hernández Martínez en 1931 hasta Carlos Humberto Romero, derrocado por un golpe de Estado en 1979. Una tendencia delictiva militar e impune que encontró continuidad en las Juntas de Gobierno de 1979 a 1984 y las administraciones de Duarte y Cristiani, con la excusa de combatir la subversión y el comunismo.

La firma de los Acuerdos de Paz generó la esperanza de poner un alto en ese camino de barbarie; las partes en conflicto se comprometieron a superar la impunidad y someterse al escrutinio de la Comisión de la Verdad, la cual investigaría los crímenes más relevantes cometidos durante la guerra y daría recomendaciones para hacer prevalecer la justicia. Pero en este punto, los firmantes de los Acuerdos no cumplieron su palabra: desconocieron por completo el informe de la Comisión, se negaron a seguir sus recomendaciones y decretaron una amnistía general, absoluta e incondicional, protegiendo así de la justicia a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y de guerra.

En julio de 2016, gracias a la sentencia de la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ley de amnistía y la expulsó del ordenamiento jurídico salvadoreño, renació la esperanza en alcanzar justicia y reparación para las víctimas, y en que se ofrecieran garantías de no repetición de los delitos del pasado. Esperanza robustecida, además, por que la sentencia de inconstitucionalidad obliga a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad y de guerra, y a legislar en materia de justicia transicional. Sin embargo, la ciega necedad en mantener la impunidad no tardó en mostrar su rostro de nuevo. Muchos de los actores políticos actuales, en lugar de cumplir con la sentencia, insisten en proteger a los criminales, ya sean civiles, militares o guerrilleros, buscando caminos para revivir la anulada ley de amnistía.

El conocido proyecto Parker de ley de reconciliación entronca de lleno con la cultura e historia salvadoreñas de impunidad. El texto no tiene en cuenta a las víctimas; su redactor no las consultó ni escuchó antes de formularlo. En contraste, el proyecto de ley ofrece a los victimarios, a esos que ordenaron matar sin piedad con el fin de exterminar a gente pobre y desarmada, un tratamiento generoso y hasta servil, ahorrándoles pasar por el escrutinio de la justicia y reconocer sus crímenes, y liberándolos de cualquier posibilidad de recibir penas mínimamente proporcionales a los delitos que cometieron. Los sectores a los que Parker representa o ignoran que la defensa de la impunidad niega la posibilidad de reconciliación nacional y mina la construcción de un verdadero Estado de derecho, o, contrario a lo que dicen y repiten, simplemente El Salvador no les interesa como espacio común.

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