Engañosa generosidad

Rodolfo Cardenal

Conceder la renovación gratuita del documento de identidad personal parece, a primera vista, una buena obra de los diputados, un inesperado acto de generosidad. Sin embargo, la medida es oportunista, contradictoria y causa un agravio comparativo. Si tantos ciudadanos portan el documento vencido es porque está permitido vivir indocumentado. Una debilidad grave de la institucionalidad, que la decisión legislativa avala y fortalece. El mismo criterio se aplica en otros muchos casos como la acumulación de multas del transporte colectivo y la circulación motorizada indocumentada. Las autoridades de tránsito se contentan con lamentar el hecho de la misma manera que los diputados deploran la enorme cantidad de documentos de identidad vencidos, en vísperas de las elecciones. La indiferencia y la incapacidad, quizás también la autocomplacencia, de la autoridad confirman el decir popular que asegura que todo se puede “componer” si se posee dinero o los contactos adecuados.

Es igualmente contradictorio que unos diputados preocupados por la racionalización del gasto público aprueben erogaciones de esta naturaleza. Esto también contribuye a engrosar la deuda pública. Sin embargo, al parecer, en este caso, el gasto está justificado, porque abre la posibilidad para que los ciudadanos con el documento de identidad vencido puedan votar el 3 de febrero. En otras elecciones, han permitido votar con el documento caducado. Aparentemente, es una manera de favorecer el ejercicio de un deber cívico de primer orden. Pero eso no es del todo cierto. Solo les interesa crear condiciones para una votación masiva, que revierta el resultado claramente desfavorable anunciado por las encuestas de opinión. El deber cívico es muy secundario y, en todo caso, es difícil justificar su ejercicio promoviendo simultáneamente la ilegalidad. En realidad, la vida en la ilegalidad de decenas de miles de ciudadanos les tiene sin cuidado. Si les importara, ya habrían encontrado una solución viable para que eso no ocurriera. Así como también ejercerían presión para que las multas fueran cobradas, la circulación estuviera debidamente documentada y la ética de los diputados fuera notoriamente ejemplar.

Si el argumento para subsidiar el documento de identidad fuera que la población con los ingresos más bajos no puede incurrir en el gasto de la renovación, la lógica obliga a otorgarlo gratuitamente a toda la ciudadanía para no caer en el agravio comparativo. Evidentemente, la actual decisión legislativa no beneficia solo a los pobres de solemnidad. El hecho de que un sector significativo de la población no posea un documento de identidad válido responde más a la cultura de la ilegalidad, que prospera gracias a la pasmosa complacencia de los Gobiernos, lo cual remite, de nuevo, a la debilidad institucional. De vez en cuando estallan escándalos y se adoptan medidas. Son incidentes esporádicos y suelen responder a determinados intereses. En este caso, se trata de agotar todas las posibilidades para impedir un eventual triunfo electoral del candidato de Nuevas Ideas.

Mientras los diputados se ocupan de financiar la renovación del documento de identidad personal, otra caravana emprende el arduo camino hacia el norte. Irónicamente, se puso en marcha el mismo día que la oficialidad política conmemoraba un aniversario más de los acuerdos de 1992. La retórica exaltó las bondades de la paz, los avances políticos, sociales, incluso económicos, y la excelencia de la democracia. Tanta complacencia impide ver la miseria económica, la violencia social y el miedo que la rodea. Las caravanas de emigrantes constituyen la respuesta más contundente a lo que Gobiernos, partidos políticos y grandes capitalistas han construido desde 1992. Los dirigentes de una sociedad que obliga a miles a huir, por no encontrar condiciones de vida aceptables, debieran ser más humildes y honestos con la realidad. Debieran abandonar la falsa autocomplacencia con unos acuerdos “muertos”. El deber cívico primordial de la clase política es crear condiciones para que la población no desee abandonar el país. Este drama humano y sociopolítico, dado que las administraciones de Arena y del FMLN son sus principales responsables, coloca en segundo plano la renovación del documento de identidad personal e incluso de la elección presidencial.

Todos los candidatos presidenciales han prometido mejorar las condiciones de vida de la población, pero ninguno ha podido identificar su costo, ni siquiera aproximado, ni su fuente de financiamiento. Por tanto, son promesas y planes de gobierno vacíos. No les falta razón a los integrantes de las caravanas para huir de un país que no les permite vivir dignamente. Además, las promesas más halagadoras y todos los planes estratégicos demandan tiempo. Pero el hambre, la inseguridad y el miedo ya han perdido la paciencia. Los emigrantes ya han emitido dramáticamente su voto. Los demás se inclinan mayoritariamente, según las encuestas, por probar una posibilidad proveniente de fuera de la estructura de los partidos tradicionales. Es otra forma de protesta cívica, desde el interior del sistema. Las críticas, en lugar de dirigirse contra esta actitud, debieran apuntar a las cúpulas de Arena y del FMLN. De todas maneras, quien quiera que llegue a la presidencia debe preguntarse dónde radica el fracaso de los Gobiernos, de los partidos y del capital, y cómo comenzar a enmendarlo. La receta tradicional ya ha demostrado su inutilidad.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.