Pacto internacional por los migrantes
Editorial UCA
12/12/2018
En la última década, la migración ha adquirido tales dimensiones que Naciones Unidas ha visto la necesidad de promover un Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular, con el fin de atender de mejor manera esta realidad y proteger a los migrantes. Según cálculos de la ONU, los migrantes suman 250 millones de personas, una cantidad mayor a los habitantes de Brasil, que con 207 millones ocupa el quinto lugar de los países con más población en el planeta, o equivalente a tres cuartas partes de todos los estadounidenses, que componen el tercer país del mundo en número de habitantes. Dos son los principales problemas a atender. El primero, en los países de origen.
La gente no sale de su país sin motivo. Lo hace empujada por la falta de condiciones dignas de vida, obligada por la violencia de guerras fratricidas o por la represión de la que es víctima por parte de Estados irrespetuosos de los derechos humanos. Si todas las naciones ofrecieran a sus ciudadanos medios para una vida digna, seguridad y respeto a los derechos humanos fundamentales, la migración no se daría en estas enormes dimensiones. Por ello, es necesario que los países de origen pongan la casa en orden, se empeñen en garantizar seguridad a sus ciudadanos y trabajen para que toda la población pueda satisfacer sus necesidades básicas. Esa es la principal solución a la migración. Si en Venezuela hubiera trabajo y alimentos, y se respetaran las libertades fundamentales, los venezolanos no migrarían como lo están haciendo. Si en Siria no hubiera guerra, la gente no saldría en desbandada buscando salvar su vida en otra parte. Tampoco habría emigración en Honduras, El Salvador y Guatemala si garantizaran trabajo y seguridad para las mayorías.
La emigración es una expresión del fracaso de las sociedades, incapaces de garantizar los derechos constitucionales de su gente. Paradójicamente, la expulsión de la población se ha constituido en garantía de viabilidad de los países de origen. Las remesas son hoy la primera o segunda fuente de ingresos para los países del Triángulo Norte de Centroamérica; un flujo de dinero que ha aliviado en gran medida la pobreza y que ha evitado una mayor crisis social. Es vital que con la firma del Pacto se exija a los países de origen poner fin a las dinámicas de exclusión e impulsar programas sociales de erradicación de la pobreza y la violencia. Y, en contrapartida, que la cooperación internacional se implique en serio, con programas bien planificados y con recursos suficientes, en la superación de los problemas de pobreza, desempleo, inseguridad y falta de desarrollo.
El segundo gran problema está en los países de destino. Sus leyes proteccionistas contribuyen a que la migración sea más riesgosa y a la marginación de aquellos que logran llegar a la meta. La falta de reconocimiento a la situación de los migrantes, la negativa a otorgarles residencia y permiso de trabajo, los deja en la más absoluta desprotección y vulnerabilidad, a la vez que permite que empleadores y traficantes se aprovechen de la situación. No menos grave es la estigmatización que sufren los inmigrantes sin papeles; la falta de documentos los condena a ser fantasmas, sin derechos ni ciudadanía. En esta línea, uno de los aspectos que el Pacto promueve es la regularización migratoria, la inclusión de los inmigrantes en la sociedad de destino, con plenos derechos.
El Pacto Mundial por la Migración Segura, Ordenada y Regular es solo un pacto de buena voluntad, una guía para los 150 países que lo han firmado, a fin de contribuir voluntariamente a mejorar las condiciones de la población migrante. Es notorio, aunque coherente con la posición antiinmigrante de la administración Trump, que entre los firmantes del Pacto no esté Estados Unidos, uno de los principales países de destino y donde se dan graves problemas de irrespeto a los derechos humanos de los migrantes. Aunque de momento no cabe esperar grandes resultados ni cambios importantes en la dinámica migrante a raíz del Pacto, es este un primer paso de la comunidad internacional hacia una mayor toma de conciencia sobre la problemática y sobre la necesidad de buscarle soluciones adecuadas tanto en los países receptores como en los expulsores de migrantes.