Fiscal y Ministro de Justicia dejan entrever su desacuerdo en eliminar el impuesto a la telefonía.

Ante la solicitud de algunos diputados de quitar el impuesto a la telefonía, que financia programas de Seguridad Pública, el Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que los fondos son necesarios. No dijo que había que quitar el impuesto, pero reiteró la necesidad de buscar mecanismos de recaudación que no sean pagados por el ciudadano.

La Fiscalía solo recibe $13 millones de dólares de los $120 millones recaudados, cuando es la entidad encargada de perseguir el delito, según el Fiscal. “Hay una afectación a la población que está pagando ese impuesto, paralelamente esta la necesidad de los fondos”,afirmó.

El Ministro de justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, fue más cauteloso en su respuesta y prefirió no ampliar su punto de vista por considerar que el tema está politizado. “Reitero que como institución de seguridad no podemos vernos relacionados con los temas propios de campaña político electoral”, señaló. Sin embargo, dejó claro que  quitar el impuesto dañaría los programas de prevención y el bono a las fuerzas de seguridad.

Según el ministro, la contribución especial para la seguridad ciudadana es un componente importante de la estrategia de gobierno. Aporta a los recursos que han servido para apoyar programas educativos, de capital semilla para emprendimientos de jóvenes, las mejoras en el trabajo de la Policía y  de la Dirección de Centro Penales.

Eliminar el impuesto a la telefonía es parte de las promesas de campaña de dos candidatos presidenciales, de ARENA y GANA. 

Los diputados no lograron los votos necesarios