Editorial

¿Cómplices de la impunidad?


Imelda Jacobo / 05 diciembre 2018 / 3:27 pm

Editorial UCA

05/12/2018

Después de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa tiene ahora la tarea de escoger al Fiscal General de la República. Ambas elecciones son fundamentales para el adecuado funcionamiento de la justicia en el país, y ambas deben ser realizadas con la mayor seriedad posible. La Corte Suprema de Justicia, como bien lo dice su nombre, es la máxima autoridad en la materia: le corresponde velar por una pronta y debida justicia, garantizando el correcto funcionamiento del órgano judicial. No menos importante es la elección de los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional, cuyo deber es sentenciar para el correcto funcionamiento del Estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución y el respeto de las garantías constitucionales de todos los salvadoreños. Si la justicia no funciona en El Salvador, ello en buena medida se debe a que no se ha elegido a los mejores y más idóneos candidatos para realizar la tarea.

Para avanzar en el correcto funcionamiento de la justicia, la elección del Fiscal General es clave. La institución que dirige tiene la tarea de “defender los intereses del Estado y de la sociedad; dirigir la investigación de los hechos punibles y los que determinen la participación punible; promover y ejercer en forma exclusiva la acción penal pública, de conformidad con la ley”. Siendo así, solo puede calificarse de insensato y de lesivo a los intereses nacionales el método que la Asamblea Legislativa ha solido utilizar para elegir al Fiscal General. Los diputados parecen ignorar el papel que debe desempeñar la Fiscalía en la persecución del delito y la procuración de justicia. Parecen no estar nada interesados en elegir como Fiscal General a la persona más idónea, la más preparada, la que haya mostrado mayor independencia de cualquiera poder, ya sea fáctico, político, económico o militar.

El proceso de elección actualmente en curso no cuenta con criterios definidos, no permite una evaluación objetiva de los candidatos con base en méritos técnicos, no da garantías de honestidad y comportamiento ético del que resulte seleccionado. Los diputados pretenden conocer a los candidatos en entrevistas de 45 minutos, sin profundizar en su desempeño profesional, en su conocimiento de la tarea que tendrán que realizar. Nada indica que los legisladores hayan analizado las hojas de vida de los candidatos, evaluándolas desde el perfil que debe tener un Fiscal General. Tampoco que hayan utilizado herramientas hoy comunes en los procesos de selección de personal; instrumentos que permiten conocer las competencias y habilidades de las personas, así como los puntos fuertes y débiles de su personalidad.

La elección del Fiscal General debe hacerse con todas las garantías. Como ya hemos afirmado, no se trata de cualquier elección. Es una muy importante, y mucho más en un país donde la corrupción y el crimen organizado actúan con tan alto grado de impunidad. Los índices de criminalidad que afectan gravemente la seguridad ciudadana vuelven urgente contar con un buen Fiscal General. A lo largo de los años, los salvadoreños hemos sido testigos de cómo se ha elegido personas no para que trabajen contra la impunidad, sino para que protejan a grupos y actores en conflicto con la justicia o que actúan al margen de la ley; personas que han llegado al extremo de utilizar la Fiscalía en contra de enemigos políticos o comerciales. La mayor evidencia de ello es el exfiscal Luis Martínez, hoy acusado de una larga lista de delitos.

El país no puede permitir que la Asamblea escoja a un Fiscal decorativo —que se contente con el nombramiento, sin ejercer en realidad las tareas del puesto—, o protector de quienes lo elijan, o llana y simplemente corrupto y corruptor. Debe seleccionar a una persona con una trayectoria comprobada de independencia, de compromiso con la persecución del delito y la lucha contra la impunidad, capaz de ejercer la acción penal contra cualquier sospechoso de violar la ley, sin consideración de apellidos ni de vínculos con sectores de poder. Con su elección, los diputados dejarán claro de qué lado están: del lado de la justicia o del lado de la impunidad y la complacencia con el delito.

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